Cuando el segundo mandato de Bill Clinton llegaba a su fin, el ex presidente de EE.UU. decretó la protección de 243.000 kilómetros cuadrados de bosques en terrenos del Gobierno federal. Una de las mayores medidas de preservación medioambiental en la historia reciente del país norteamericano que ahora la Administración Bush intenta modificar con la posibilidad de permitir la explotación de estos recursos naturales, que no sólo se limitan a ingentes cantidades de madera sino también a la búsqueda de gas y petróleo.
La mayoría de estos bosques se encuentran en la zona oeste del país, y la clave para su protección desde enero de 2001 -pese a múltiples querellas interpuestas por las autoridades locales y grupos de interés- se basaba en una estricta prohibición de construir carreteras de acceso. Cuatro años después, la Administración Bush quiere otorgar un papel mucho más relevante a los gobernadores de los Estados donde se encuentran estas reservas naturales, incluso cabe la posibilidad de que se concedan permisos, a través del Departamento de Agricultura, para construir carreteras de acceso con fines comerciales.
Según Mark Rey, el subsecretario de Agricultura que supervisa el Servicio Forestal, las nuevas regulaciones propuestas por la Casa Blanca intentan solucionar el viejo conflicto de las zonas sin acceso por carretera que suponen un 30% del patrimonio de bosques del Gobierno federal. En opinión de Rey, medidas amplias y radicales como las impuestas por el anterior Ejecutivo sin respaldo parlamentario no han funcionado, como tampoco han prosperado los intentos para encontrar soluciones bosque por bosque.
El republicano Richard Pombo, presidente del comité de recursos naturales de la Cámara Baja, ha aplaudido esta reforma porque reconoce el hecho de que «las personas sobre el terreno son los mejores protectores de nuestros bosques. De esta manera se inyecta sentido común y control local en el edicto de Clinton, sin sentido y de última hora».
Por el contrario, los grupos ecologistas han criticado estos cambios por no garantizar el mantenimiento de protecciones reales a largo plazo para estas zonas inaccesibles por carretera. A juicio de Doug Honnold, abogado del grupo Earthjustice que ha participado en varios de los litigios generados por el decreto de Clinton, estas nuevas directrices «son otro ejemplo de la Administración Bush hablando bonito sobre el medio ambiente, pero en realidad se trata de expoliación y pillaje».
Para Bill Richardson, el gobernador demócrata de Nuevo México y ministro de Clinton, el nuevo plan «es una abdicación de la responsabilidad del Gobierno federal» y una medida partidista meses antes de las elecciones presidenciales. En contraste, la industria maderera ha expresado su satisfacción por el cambio de rumbo impulsado desde la Casa Blanca, que tras un periodo de 60 días para comentarios del público desde su publicación oficial esta semana, entrará en vigor pero bajo la amenaza de desencadenar una nueva oleada de querellas.
Las nuevas regulaciones tendrán un especial impacto en Alaska, Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington y Wyoming. Estados que concentran en sus territorios un 97% de estas remotas zonas forestales.
