El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó ayer proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la apertura de un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó (Tarragona) por cuatro infracciones graves y dos leves cometidas en relación con el suceso de detección de partículas radiactivas ocurrido en noviembre de 2007, pero que no fue notificado hasta el pasado mes de abril.
Según el CSN, «aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente y la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve, se han producido fallos significativos en el control y el suministro de información al Consejo por parte del titular de la planta». La multa podrá oscilar entre nueve y 22,5 millones de euros, la máxima impuesta a una instalación de este tipo.
La multa podrá oscilar entre nueve y 22,5 millones de euros, la máxima impuesta a una instalación de este tipo
En un comunicado, el órgano regulador señala que Ascó cometió una infracción grave «en grado máximo» al superar el límite anual de dosis para miembros del público en el interior del doble vallado de la central.
La nuclear cometió además tres infracciones graves «en grado medio» al no establecer el control de contaminación externa del personal una vez descubierta la contaminación, retrasar la notificación del suceso, y no dejar constancia en los registros de vigilancia de la contaminación encontrada en zonas de libre acceso.
La planta nuclear tarraconense cometió también dos infracciones leves «en grado mínimo» al no emitir el correspondiente informe de suceso notificable ante la demanda de actuación de los monitores del edificio de combustible, e incumplir el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y el de transporte de mercancías peligrosas.
«Decepcionantes» y «ridículas»
Los ecologistas se han mostrado decepcionados por la posible sanción a los responsables de Ascó. Para Greenpeace, las cifras propuestas por el CSN resultan «decepcionantes e implican un trato muy favorable a la central», mientras que Ecologistas en Acción las ha tachado de «ridículas».
Greenpeace explica que «la multa máxima, en caso de aplicarse el tramo más alto en todas las sanciones propuestas, alcanzaría los 22 millones de euros, que es el equivalente al beneficio que obtienen en tan sólo unas dos semanas de funcionamiento de la central (1,2 millones de beneficio diario por la venta de electricidad)».
La organización considera que con este expediente sancionador el órgano regulador «redunda en la actitud que ha elegido desde el primer momento: minimizar la relevancia del accidente en beneficio de los propietarios de la central nuclear».
22 millones de euros es el equivalente al beneficio que obtiene la central en unas dos semanas de funcionamiento
«A todas luces, gracias a la benevolencia del CSN, a Ascó I le va a salir más barato pagar una multa ridícula por haber ocultado conscientemente el escape radiactivo durante meses mientras mantenía la central en marcha, que haberse comportado responsablemente y haber parado la central cuando se produjo la contaminación», indica Greenpeace.
En la misma línea, Ecologistas en Acción señala que pese a tratarse de las sanciones más duras de la historia de la industria nuclear española, las cantidades «aún no resultan disuasorias para evitar una repetición de los hechos acontecidos en Ascó o para evitar que se produzcan otros de similar gravedad».
«Claramente, ni las cantidades fijadas por el CSN en este caso, ni las dadas por la Ley, son suficientes para convencer a los explotadores de centrales nucleares de que antepongan la seguridad a su beneficio», apunta la ONG conservacionista, que cree que el Consejo debería ser más riguroso con los titulares de Ascó, aplicando al menos dos sanciones muy graves.
Multa récord
La multa que Industria impondrá a Ascó será la más elevada aplicada nunca a una nuclear en España. En octubre del año pasado, la reforma de la ley del CSN multiplicó por diez las multas a estas centrales por infracciones.
De momento, la sanción más elevada fue la que recibió el titular de Vandellós II (Tarragona) en 2006, que ascendió a 1,6 millones de euros. La causa fue la mala gestión del problema de corrosión en el sistema de aguas esenciales que se había detectado en agosto de 2004 y que mantuvo la planta parada cinco meses y medio al año siguiente.
Vandellós II ya recibió una multa de 50 millones de pesetas (300.500 euros) en 1997, y en 1989, Vandellós I tuvo que pagar 40 millones (240.000 euros) por un grave accidente que motivó el cierre de la planta.
La segunda sanción más alta corresponde a la central de Almaraz (Cáceres). En la década de los 90 fue multada con 90 millones de pesetas (unos 540.000 euros) debido a un problema en el sistema de alimentación de aguas esenciales. Almaraz recibió otra sanción en 1995, de dos millones de pesetas (12.000 euros), por un retraso en la declaración de Prealerta de Emergencia.
Por su parte, la central de Zorita (Guadalajara), cerrada en mayo de 2006, fue multada en 2002 con 240.000 euros por mantenerse en funcionamiento, pese a que los sistemas de aspersión de la cúpula del reactor no funcionaban adecuadamente.
Finalmente, Trillo (Guadalajara) pagó multas de entre tres y cinco millones de pesetas (18.000 euros y 30.000, respectivamente) por varios incidentes registrados en 1992.
