El Gobierno ha aprobado un real decreto que reduce en una tercera parte el actual umbral de alerta a la población a causa de contaminación por ozono troposférico, con el fin de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de esta sustancia sobre la salud humana y el medio ambiente en general. La nueva norma establece como objetivo ciertos valores de concentración de ozono que deberán cumplirse entre los años 2010 y 2013, para proteger la salud de las personas, y en el quinquenio 2010-2015, para la protección de la vegetación.
El valor objetivo para proteger la salud se establece en 120 microgramos por metro cúbico. Asimismo, con el real decreto se regulan los umbrales de información y de alerta para las concentraciones de ozono, que quedan, respectivamente, en 180 y 240 microgramos por metro cúbico, frente a los 360 microgramos actuales.
El objetivo es que las administraciones públicas competentes suministren la correspondiente información, tanto a la población como a la Administración sanitaria, cuando se superen dichos umbrales o cuando se prevea que pueden ser superados. También se establece la obligatoriedad de poner a disposición del público información periódica sobre este tipo de contaminación.
Directiva comunitaria
El real decreto incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria relativa al ozono en el aire, tomando como base legal la Ley española de 1972 de Protección del Ambiente atmosférico, desarrollada por un decreto de 1975 y las sucesivas modificaciones parciales que han ido adaptando dichas normas a lo largo del tiempo para seguir los preceptos comunitarios en materia de calidad del aire. El ozono troposférico estaba regulado en España, hasta ahora, por un real decreto de 8 de septiembre de 1995, que ahora queda derogado.
Actualmente existen en España más de 300 estaciones de medición de la concentración de ozono troposférico, así como de sus precursores. No obstante, para cumplir con los nuevos objetivos de control, evaluación y medición marcados por la nueva norma, se estima que será necesaria una inversión de más de 1,8 millones de euros para reubicar unas 51 estaciones, colocar 16 nuevas (regionales y suburbanas) con analizadores de ozono y óxidos de nitrógeno, y completar el equipamiento de otras 25 estaciones con medidores de compuestos orgánicos volátiles. Los costes correrán a cargo de las autonomías.
