La acumulación de escándalos, investigaciones y procesos judiciales relacionados con el urbanismo ponen de manifiesto que en España el funcionamiento efectivo del control de la edificación «es la gran asignatura pendiente», según Greenpeace, que ha presentado un decálogo de medidas para conseguir un urbanismo sostenible.
La organización ecologista considera «incomprensible» que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio. «A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, debido sobre todo a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración», denuncia.
Según Greenpeace, los problemas derivados del urbanismo actual se acrecientan en la franja litoral debido a los movimientos de asentamiento, temporal o definitivo, de habitantes de las zonas del interior de la Península y de ciudadanos del norte de Europa, especialmente hacia la costa mediterránea.
«Sólo será posible un cambio de tendencia de la situación urbanística actual mediante un pacto real entre todos los partidos políticos y, sobre todo, mediante una mayor implicación de la ciudadanía en la concienciación de los graves perjuicios que se derivan de esta situación y la actuación más efectiva de quienes pueden contribuir a la erradicación del problema», señala María José Caballero, portavoz de la organización.
Medidas propuestas
Para tratar de reconducir la situación, Greenpeace apuesta por «modificar los criterios de planificación urbanística» e «impedir la recalificación de suelo» hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor.
Cree conveniente además decretar la prohibición de construir en la franja no ocupada de los primeros 500 metros de costa y articular los mecanismos necesarios para establecer «procesos efectivos de participación ciudadana y control del urbanismo» tanto en la fase de redacción de los planes territoriales como para los planes generales o municipales, así como en el proceso de desarrollo y ejecución de estos.
También aboga por reducir las posibilidades de cambios de clasificación de suelos no urbanizables a urbanos o urbanizables; priorizar el mantenimiento del paisaje, así como de la estructura y tipología de los núcleos urbanos, e identificar las necesidades de los recursos básicos en las planificaciones urbanísticas: energía, agua, etc.
Por último, considera necesario prohibir los proyectos edificatorios de tipo residencial «ligados a instalaciones insostenibles» tales como los campos de golf, canales fluviales o marinos, y nuevos puertos deportivos.
