El pasado mes de mayo el Gobierno de Costa Rica aprobó un decreto que permite la construcción de edificios de hasta 14 metros de altura y la tala de bosques para «dejar sitio» a proyectos de «ecoturismo». «Esta norma ha favorecido el desarrollo de operaciones que devastan los bosques por parte de grupos turísticos», denuncia la red ecologista World Rainforest Movement (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales) en un informe.
Este trabajo indica que «el turismo disfrazado de ecológico amenaza los últimos bosques prístinos» de Costa Rica y que el «ecoturismo» se está convirtiendo, al menos en este país, en «la palabra peor usada» tanto por la industria como por los gobiernos.
Según Rainforest, países perjudicados por graves desigualdades comerciales ven en el turismo «la esperanza de ingreso de divisas e inversiones». Y paralelamente, organizaciones internacionales como el Banco Mundial y agencias de la ONU han participado «en la transformación del turismo en una verdadera industria mundial».
Las grandes multinacionales del sector «han ganado acceso comercial a recursos biológicos y áreas ecológicamente frágiles, y han acelerado la privatización de la biodiversidad», todo ello «en detrimento de las tierras y los derechos a los recursos de las comunidades locales y del medio ambiente», señala el informe.
El decreto aprobado en mayo establece un porcentaje de tala permitido en función del tipo de bosque: hasta el 15% en bosques primarios y un 25% en secundarios.
La Federación Costarricense de Conservación del Ambiente (FECON) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto en junio, lo que llevó a la suspensión provisional de la tala de la compañía de capital estadounidense Proyecto Playa Dulce Vida S.A. para su complejo «ecoturístico» a apenas unos kilómetros del Parque Nacional Manuel Antonio; «pero la resolución llegó tarde porque el bosque ya había sido talado».
