Unos 200 concesionarios agrupados por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) han acordado reclamar a las administraciones públicas el reintegro de 13,9 millones de euros en concepto de ayudas oficiales del Plan 2000E que las empresas han adelantado a los clientes, pero las administraciones «no reconocen».
Según explicó Faconauto, al abrirse el sistema para tramitar el reembolso de las ayudas el pasado 25 de marzo, con un retraso de 85 días sobre la fecha de apertura prevista en el Real Decreto regulador del Plan 2000E, los concesionarios no pudieron grabar 11.880 operaciones (por un valor de 5,9 millones de euros) con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria y 16.095 (por un valor de 8 millones de euros) con cargo al presupuesto de las comunidades autónomas adheridas.
Además de los 13,9 millones de euros citados, la patronal indicó que las administraciones públicas adeudan otros 44,4 millones de euros por operaciones en tramitación. «La falta de recursos en determinadas comunidades autónomas retrasa los pagos de operaciones validadas y comprobadas», precisó.
Faconauto considera que el causante de este problema es el Ejecutivo central, «al haber diseñado un sistema de gestión que exigía a los concesionarios adelantar las ayudas a los compradores por cuenta de la Administración». De este modo, los concesionarios no pudieron conocer con antelación si habría partida presupuestaria para las operaciones que realizaban con cargo al Plan, «porque el sistema se abrió cuando se había comprometido más del 70% del presupuesto del Ministerio de Industria Turismo y Comercio y de las autonomías».
Por otro lado, la patronal de los concesionarios cree que el Gobierno no tiene la voluntad de prorrogar el Plan 2000E, lo que podría suponer la pérdida de 150.000 ventas en el segundo semestre de 2010 y la destrucción de 10.000 puestos de trabajo en las PYMES de la red de distribución, según los cálculos de Faconauto. Para evitar esta situación, pide la eliminación o suspensión temporal del Impuesto de Matriculación, «un tributo anacrónico, que los compradores europeos de los países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) no pagan», señaló la organización.
