Aparecen en la basura miles de informes médicos de un centro de salud de Málaga

Los fallos en la custodia de documentos han aumentado en los últimos años
Por EROSKI Consumer 29 de julio de 2002

Varios miles de expedientes médicos, con datos confidenciales de pacientes, fueron hallados la semana pasada en dos cajas de cartón con el logotipo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), junto a un contenedor próximo al centro de salud de la localidad malagueña de Los Boliches, según trascendió ayer.

Los documentos permanecieron celosamente custodiados a lo largo de las últimas horas en dependencias de la policía local de Fuengirola, hasta determinarse su entrega al juzgado de instrucción que se hará cargo de la investigación.

En los partes médicos abandonados en plena calle aparecen informaciones confidenciales sobre historiales médicos de pacientes que fueron atendidos entre 1997 y 1999 en este ambulatorio que pertenece a la Junta de Andalucía.

El hecho se agrava si se tiene en cuenta que entre las miles de informaciones contenidas en las dos cajas halladas en la vía pública, hay datos sobre enfermedades mentales, adicciones a las drogas o antecedentes familiares de pacientes descritos al detalle con sus nombres y apellidos, direcciones, teléfonos y documentos de identidad.

Sin destino

Entre la documentación también se incluyen partes médicos de especialidades como Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y Salud Mental. Se distinguen igualmente entre los miles de papeles copias supuestamente dirigidas a especialistas, pacientes y a otros centros médicos que, como se ha podido comprobar, nunca llegaron a su destino.

Las autoridades y vecinos de la zona se encuentran indignados por este descubrimiento y no entienden cómo puede ser posible que información personal y secreta no se archive cuidadosamente y se tire junto a un centro médico, en cajas perfectamente identificables para cualquier curioso, al tener el distintivo del SAS.

Ayer, horas después de que el incidente saltara a la luz pública, el delegado provincial de Salud, José Luis Marcos, desveló que las pesquisas de los responsables del centro habían dado fruto, pues se había localizado a la trabajadora del ambulatorio de Los Boliches que tiró las fichas, unos 7.000 expedientes, según los cálculos de la administración autonómica. La mujer aseguró que decidió deshacerse de los documentos para hacer limpieza.

Marcos dijo estar convencido de que la trabajadora no había obrado de mala fe, aunque será expedientada.

Citologías en Valladolid

No es la primera vez que ocurre una cosa así en España. La Junta de Castilla y León abrió en mayo de 2000 en Valladolid una investigación sobre el extravío de cientos de citologías femeninas que aparecieron tiradas en un descampado de la ciudad. En la investigación declararon los responsables del Servicio Territorial de Sanidad, responsables de la custodia de estos informes médicos.

La investigación concluyó que no se había seguido el procedimiento de destrucción (triturado) de documentos obsoletos, antes del reciclaje del papel. «La trituración de documentos es habitual en las administraciones y en el caso de Sanidad, con mayor motivo. De hecho no consta que se haya producido un caso similar», aseguró en aquella ocasión el entonces delegado de la Junta en Valladolid, Juan Carlos Sacristán, quien achacó todo «no a mala fe en la actuación sino un despiste o descuido».

Descalificaciones

A pesar de que se trata de documentos muy diferentes, estos hechos recuerdan a lo ocurrido también hace tres semanas en el barrio madrileño de Chamartín. Entonces, una periodista encontró en un cubo de basura papeles demostrativos de que los encargados de entrevistar a más de 250 personas que optaban a un empleo en la cadena de supermercados Sánchez Romero anotaron descalificaciones de diversa índole en las solicitudes de trabajo, por razones del país de procedencia y del aspecto físico.

Los apuntes xenófobos y discriminatorios se encontraron por casualidad junto a uno de los siete establecimientos de Sánchez Romero en Madrid. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia de Protección de Datos investigan los hechos.

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