La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado -segundo paso en el procedimiento de infracción- contra España por impedir la venta en el mercado nacional de un tipo de extintores de uso doméstico, legales en el resto de estados miembros.
Se trata de un aerosol con capacidad de 600 mililitros y 725 g de peso válido para la extinción de pequeños incendios. Las autoridades españolas supeditan su comercialización a la obtención de un certificado de seguridad equivalente al de los aparatos extintores convencionales, lo que, según el Ejecutivo comunitario, hace imposible su venta en la práctica.
España justifica su exigencia en la necesidad de certificar la seguridad de todo tipo de extintores, en la medida en que estos aparatos pueden ser utilizados en situaciones peligrosas. Sin embargo, Bruselas considera que la regulación española es «desproporcionada», aduciendo que tales aerosoles son fabricados y comercializados en varios estados miembros sin exigencias «suplementarias».
Por este motivo, la Comisión cree que la legislación española viola en este caso el principio de libre circulación de mercancías y reclama su rectificación, de lo contrario advierte a nuestro país de que denunciará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
