Los médicos españoles son, frecuentemente, víctimas de las iras de pacientes y familiares. En algunos casos incluso han sido agredidos físicamente. De hecho, un 10% ha sido atacado alguna vez por un paciente o un familiar furioso, y tres de cada cuatro han recibido amenazas verbales, según pone de manifiesto la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Para afrontar el problema, la CESM ha editado un manual que distribuirá entre sus afiliados y simpatizantes que lleva por título «Agresiones a facultativos. Guía de prevención y actuación». El objetivo de esta guía es doble: reflejar el estado de la cuestión y ayudar al especialista a abordar este tipo de situaciones. El tema no es baladí. El servicio jurídico del Colegio de Médicos de Madrid estimaba el pasado mes de junio que cada cuatro días un médico de esta comunidad autónoma presentaba una denuncia por agresión; y la Consejería de Salud de Andalucía ha cuantificado 271 agresiones a facultativos durante el primer semestre del año, cifra que los sindicatos médicos andaluces consideran que «no es ni mucho menos la real». Muchos médicos no denuncian estos ataques por miedo a sufrir represalias por parte de los agresores, la provisionalidad en el puesto de trabajo y el escepticismo sobre el alcance de la acción.
Zonas de riesgo
Urgencias, psiquiatría y atención primaria son los ámbitos donde hay más riesgo de agresiones. En concreto, en urgencias se concentran alrededor del 45%. El detonante es la tensión propia que se respira en estos servicios. En cuanto a la atención primaria, las actitudes violentas tienden a estar relacionadas con discrepancias del paciente sobre la prescripción o por presiones para conseguir bajas laborales no justificadas desde el punto de vista del profesional.
Los autores de la guía recuerdan que gran parte del trasfondo de esta cuestión tiene que ver «con causas ajenas al médico», como son la masificación asistencial (que se traduce en retrasos en la atención y poco tiempo para establecer una mínima relación afable con el paciente) y el «nulo esfuerzo» que se hace desde la Administración para concienciar al ciudadano de que, en su relación con los profesionales sanitarios, no sólo tiene derechos, sino también deberes.
Para atajar esta situación, la CESM ha fundado el Observatorio sobre Agresiones a Facultativos, que está evidenciando la verdadera dimensión del problema. Además, propone la creación de un registro centralizado y que las agresiones a los profesionales sanitarios se tipifiquen judicialmente como delitos y no como faltas, de modo que conlleven desde multas superiores a 600 euros hasta penas de cárcel.
Otra propuesta de los sindicatos médicos consiste en adoptar medidas de seguridad específicas en aquellos centros especialmente problemáticos, como contratar vigilantes de seguridad, colocar cámaras en lugares estratégicos o que haya doble acceso a las consultas.
