El Ministerio de Sanidad y Consumo se plantea la regulación de algunas terapias alternativas e introducirlas en la cartera del Sistema Nacional de Salud tras probarse su efectividad y eficacia, tarea que «resultará compleja, debido a la gran cantidad de factores a tener en cuenta».
El diputado socialista Joan Oms admite que hay otros países de nuestro entorno donde estas terapias ya se encuentran regularizadas. «En el caso de algunas de estas terapias se producen situaciones paradójicas, como la de que los profesionales que las practican en ciertos estados miembros de la UE lo hacen fuera de la legalidad, mientras que se consideran prácticas legales en otros», como es el caso de España, señala.
Esto se debe a que, a pesar de que el Parlamento Europeo realizó un informe sobre medicina alternativa y complementaria y trató de implicar a la Comisión Europea en el objetivo de conseguir una regulación comunitaria de estas terapias, finalmente las «marcadas diferencias» entre los estados miembros en cuanto a la regulación del sector hicieron inviable este acuerdo, aunque la OMS recomendara en 2004 el uso adecuado de las medicinas tradicionales que hubieran demostrado su utilidad y supusieran riesgo mínimo.
En España, a pesar de que gran parte de la población ha recurrido en algunas ocasión a este tipo de terapias, se considera que es una tarea «compleja» en la que habría que abordar la regulación tanto de los profesionales, como los centros y las propias terapias, muy diversas, en lo que tendrían que combinarse el Ministerio de Sanidad y Consumo con el de Educación y Ciencia, además de los conflictos de intereses que muy probablemente se producirían entre los profesionales sanitarios y los no cualificados que desarrollan estas terapias.
Ventajas de la regulación
Las autoridades sanitarias reconocen que la regularización de estas terapias «contribuiría a mejorar la seguridad de los usuarios al establecer criterios de control sobre las prácticas, los profesionales que las desarrollan y los productos que se utilizan; proporcionaría una información accesible a los usuarios sobre la eficacia y posibles reacciones adversas de las terapias, y posibilitaría la valoración de la inclusión de terapias de eficacia demostrada en el sistema sanitario público».
Recientemente la anterior Ministra de Sanidad, Elena Salgado, solicitó la actualización de un estudio publicado en 2000 por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III para comprobar si algunas de las técnicas disponen de la suficiente evidencia de eficacia y efectividad como para considerar su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Para evitar los posibles conflictos con los profesionales sanitarios, el departamento de Sanidad y consumo ha iniciado «aproximaciones» con representantes de los sectores implicados al objeto de analizar su naturaleza, peculiaridades y repercusión sobre el ámbito de la salud y determinar cuáles son las medidas de carácter normativo que se deberán acometer para regular el sector.
