Desde el 1 de enero, los parados de larga duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo recuperan el derecho a la asistencia sanitaria pública. Así lo dispone la nueva Ley General de Salud Pública, que se aprobó en el Congreso el pasado 22 de septiembre y que busca garantizar la universalización del Sistema Nacional de Salud a todos los ciudadanos residentes en territorio nacional que no tengan reconocida la asistencia en virtud de otras normas legales.
Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad estimaba que existían unas 200.000 personas en el país que se encontraban al margen del sistema sanitario público, entre ellos, parados sin prestación ni subsidio de desempleo, o determinados colectivos que ejercen su actividad por cuenta propia, como abogados o arquitectos. Esto posibilitaba que algunas comunidades pudieran negarles la asistencia sanitaria ordinaria, aunque nunca la atención en los servicios de Urgencias.
La entrada en vigor de la norma solventará algunos problemas detectados hasta el momento en regiones como Galicia, Murcia o Baleares. Sanidad estima que a partir de ahora unos 40.000 parados que han agotado su prestación por desempleo y que no han podido acreditarse como beneficiarios de otras personas o como personas sin recursos recuperarán por completo su derecho a la asistencia sanitaria.
Además, la nueva Ley General de Salud Pública otorga al Gobierno un plazo de seis mese para elaborar un nuevo reglamento que complemente a la actual norma. Allí el Ejecutivo deberá regular de forma pormenorizada la extensión del derecho a la asistencia sanitaria y sus requisitos para los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia.
