Residencias para ancianos

El número de plazas privadas supera en 35.000 a las públicas
Por Tatiana Escárraga 4 de noviembre de 2003

España envejece. Y deprisa. En un país en el que cada año 150.000 personas alcanzan la edad de la jubilación, la oferta de plazas públicas en residencias para mayores es más bien escasa. Un gran segmento de la población no reúne las condiciones suficientes para optar a una cama pública ni mucho menos para pagar una privada. Sindicatos y asociaciones denuncian la “falta de sensibilidad” del Gobierno ante el envejecimiento de la población. En lo que va de año, tan sólo en Madrid han muerto más de medio centenar de ancianos solos o abandonados.

Crecimiento del sector privado

El informe “Las personas mayores 2002” del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, establece un total de 125.194 camas privadas en residencias para mayores. Públicas hay 55.289 y concertadas 34.673. Son datos de 2001 que reflejan, además, que desde 1999 el sector que más ha crecido es el privado: un 4,1% más. En ese ejercicio el número de personas con 65 años o más superaba los 7 millones. Una cifra que crece a un ritmo desmesurado. Cerca de 150.000 personas se incorporan anualmente a ese segmento de la población, que ya supera al de los menores de 16 años.

De las más de 7 millones de personas mayores de 65 años -el 17% de la población-, aproximadamente 1 millón no se valen por sí mismas o padecen una disminución de sus capacidades físicas y mentales. Según estimaciones de la ONU, la población mayor de 65 años representará en España el 18% de sus habitantes en 2010 y el 48% en 2.050. Con estos datos que reflejan, además, que en este país existen 3,19 plazas en residencias por cada 100 mayores, no es de extrañar que las asociaciones que se desenvuelven en este ámbito consideren “poco halagüeño”el panorama para los españoles que alcanzan la vejez.

“Llegar a viejo es un drama. Y más si no tienes dinero”. La frase es de Pablo Navarro, secretario de la organización estatal y sindical de la Unión de Pensionistas y Jubilados.”Hay que dar una solución desde el ámbito estatal”, añade.

Eduardo Rodríguez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, coincide con Navarro en el “poco halagüeño” futuro para las personas que alcanzan la senectud. Ello se debe, según Rodríguez, no sólo a las medidas diseñadas desde el Gobierno, que no garantizan la protección a los mayores dependientes, sino también a que la cultura familiar ha dado un vuelco en España. Tradicionalmente los abuelos acababan viviendo en casa de los hijos y con las mujeres, en la mayoría de los casos, asumiendo el rol de cuidadoras. Pero con la masiva incorporación femenina al mercado laboral las cosas han cambiado. “Y tenemos que prepararnos para ese cambio. Eso se consigue creando redes de protección social, porque alguien tiene que ocuparse de nuestros mayores”, afirma.

Luis Miguel Redondo, asistente social y miembro de la ejecutiva del sector de la administración autonómica de Madrid de otro sindicato, estima que en la actualidad no existen ayudas económicas suficientes para las familias que albergan en su seno personas ancianas. “En todo caso, las que existen son irrisorias, sobre todo teniendo en cuenta que muchos ancianos necesitan cuidados hospitalarios”, señala Redondo.

Tan sólo en Madrid, fuentes sindicales consideran que aproximadamente 10.000 personas están en lista de espera para optar a una plaza pública en una residencia. Otras fuentes, sin embargo, elevan esa cifra a 17.000. Diez mil mayores necesitan la plaza y los otros 7.000 requieren cuidados de ayuda domiciliaria. En Cataluña existen 48.191 plazas en residencias para ancianos, aunque el 60% son privadas.

Requisitos para optar a una plaza

Las competencias en materia de servicios sociales ya han sido transferidas a las comunidades autónomas. Salvo ciertos matices, en la mayoría de los casos funciona de la misma manera. Lo primero que hay que hacer cuando se va a solicitar una plaza en una residencia pública es acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento en cuya ciudad o población resida. Los servicios sociales de sus distrito o población se encargarán de tramitar la solicitud.

Los requisitos que exigen la administración en términos generales son los siguientes:

  • Ser español o extranjero residente en la comunidad donde se solicita la plaza o, en su caso, ser un transeúnte en evidente estado de necesidad de asistencia y protección social.
  • Tener cumplidos los 65 años o los 60 si es cónyuge de un residente o persona unida de hecho a él.
  • -Acreditar la residencia en la Comunidad durante los dos últimos años anteriores a la fecha de solicitud, excepto los transeúntes.
  • No padecer enfermedad infecto- contagiosa y, en el caso de Madrid, tener ingresos inferiores a 1301,11 euros mensuales.

Una vez se presentan los documentos, éstos se remiten a la Dirección General del Mayor de la Comunidad, que es quien estudia el expediente. Los criterios de puntuación difieren de una región a otra, pero básicamente se tienen en cuenta la situación socio familiar, el estado psicofísico de la persona, los ingresos, la vivienda y la edad.

En este aspecto, según Redondo, cabe aclarar que la puntuación obtenida determina el tiempo de espera. “Si estás en un tramo alto el ingreso puede ser rápido”, señala Redondo. Con suerte, (por lo general son casos de personas muy necesitadas) entre tres y cuatro meses. Pero hay un segmento que se queda casi en el aire. Son personas que no reúnen algún requisito para ingresar en una plaza pública, pero tampoco tienen ingresos suficientes para ir a una residencia privada.

Las diferentes fuentes consultadas recomiendan a aquellos usuarios que ingresen su expediente para una plaza pública renovarlo a menudo, en la medida de lo posible. Cuando una documentación entra en los servicios sociales tiene una vigencia de tres años, lapso en el cual los familiares y el propio interesado pueden ir aportando datos, partes médicos o cualquier prueba que le sirva para ir ganando puntos.

“En España hay 884.544 personas con dependencia severa o total que no se sabe quién las atiende. Por eso no es de extrañar que en ciudades como Madrid se contabilice la cifra de 87 ancianos muertos abandonados en sus casas”, denuncia tajante Pablo Navarro.

Ese mercado de más de 800.000 personas lo está capitalizando el sector privado. Porque allí no existen listas de espera. De hecho, existen 35.000 plazas privadas más que las públicas. Y apuntarse a uno de estos servicios representa una cifra que se fija en cerca de 1.500 euros al mes. Si la persona requiere atención médica puede subir hasta los 3.000 euros. Ello sin olvidar que la pensión media de los casi 7 millones de mayores de 65 años es de 637,2 euros.

Pago en función de los ingresos

En cuanto a las residencias públicas, existen dos tipos de plazas, y para ambas el criterio de selección es igual. En unas el anciano paga en función de los ingresos que tiene. La residencia, entonces, se lleva cerca del 80% de su salario. En la otra modalidad se pagan 787 euros independientemente de los ingresos. Y la cobertura es total.

El principal problema que detectan los expertos en el tema se centra en lo referente a la atención domiciliaria, otra alternativa en cuanto al cuidado de ancianos. Este servicio es el más extendido, pero goza de poca penetración entre la población mayor. La teleasistencia, como se llama, consiste en suscribir a una persona mayor a una especie de vigilancia permanente. Al anciano se le dota de un medallón, un dispositivo que con sólo pulsarlo conecta inmediatamente a una centralita desde la que profesionales del sector acudirán al domicilio Si, por ejemplo, una persona mayor se siente mal y no tiene a nadie cerca puede pulsar el botón y pronto aparecerá un médico en su puerta. El principal problema es que las personas tienen que dar una copia de sus llaves a la empresa que presta el servicio (los ayuntamientos prácticamente han dejado en manos de empresas privadas la teleasistencia) y esta situación genera cierta desconfianza en algunas personas.

La teleasistencia va dirigida fundamentalmente a mayores o discapacitados en estado de soledad o aislamiento que por su estado de salud necesitan ayuda a domicilio. Estos son los requisitos:

  • Es necesario estar empadronado.
  • Disponer de línea telefónica fija en activo.
  • No padecer enfermedad o discapacidad que impida la utilización del dispositivo.
  • Facilitar una serie de datos sobre la situación social y de salud.
  • Proporcionar un juego de llaves del domicilio.
  • No superar el nivel de ingresos económicos establecido anualmente.

En el caso de los mayores de 80 años el servicio se presta de forma gratuita.

Los centros de día también son una alternativa para el cuidado de ancianos. Éstos funcionan como una especie de guardería para los mayores. Llegan por la mañana y vuelven a sus hogares por la tarde. En España hay 8.843 plazas en centros de día entre públicos y concertados.

Estos son los requisitos para optar a un centro de día:

  • Ser español o extranjero residente en la comunidad donde se solicita.
  • Acreditar la residencia en dicha comunidad durante los dos últimos años.
  • Tener cumplidos 60 años
  • Necesitar atención en un Centro de Día por su situación de dependencia de otras personas.
  • No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
  • No presentar alteraciones de conducta graves.
  • Informe médico
  • Fotocopia del DNI.

Las solicitudes también se tramitan en los servicios sociales.

Tanto los sindicatos como las asociaciones de mayores reclaman del Gobierno un compromiso “más sólido” con los ancianos. Diferentes organismos solicitan una Ley de Dependencia, lo mismo que la organización Ceoma. Otros se decantan, a su vez, por impulsar más la teleasistencia y los centros de día. Según Eduardo Rodríguez, presidente de Ceoma, la realidad es que los mayores prefieren estar en sus casas que en residencias.