El Ministerio de Sanidad y Consumo impulsará la financiación pública de las bombas de insulina para diabéticos dentro del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), señaló hoy el secretario general de este departamento, Rafael Pérez Santamarina, en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Las bombas de insulina son implantes externos o internos (dependiendo de la indicación y del paciente) que segregan esta sustancia mediante un catéter intravenoso por vía subcutánea y que, según los expertos, son una alternativa a las inyecciones múltiples de insulina que requieren algunos enfermos diabéticos, mejorando su calidad de vida.
Pérez Santamarina explicó que aunque los expertos coinciden en la efectividad del producto (los buenos resultados en el control metabólico son análogos a las inyecciones múltiples), no se había considerado hasta el momento procedente su financiación pública.
Así, el secretario de Sanidad dijo que se ha estudiado la posibilidad de indicar este tratamiento a mujeres embarazadas o pacientes que no consigan un buen control metabólico con las inyecciones. No obstante, insistió en que se requieren unos controles estrictos en la selección de pacientes que estén motivados y capacitados para controlar el funcionamiento de las bombas de insulina.
En cualquier caso, Pérez Santamarina aseguró que su departamento «se ha replanteado» las conclusiones de los informes y «continúa estudiando la posibilidad de su financiación» y tratando de consensuar criterios con las distintas comunidades autónomas. Actualmente, este tratamiento se financia en Cataluña, País Vasco, Valencia y Galicia (en estas dos últimas autonomías sólo a embarazadas).
Por su parte, el presidente de la Liga Europea de Diabéticos, José Antonio Herrada, presente en la intervención del secretario general, comentó las ventajas del tratamiento recogidas en un informe técnico de la Generalitat de Cataluña. Según sus datos, las bombas aportan una media de cinco años más de vida, con relación al tratamiento convencional; 6 años más sin enfermedad renal; 5,6 años adicionales libres de amputación de extremidades, y 15,3 años más sin problemas microvasculares o neurológicos.
