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Tiendas del País Vasco venden productos de efectos alucinógenos que Sanidad ordenó retirar hace un año

La dirección de Salud vasca dice no haber recibido informes sobre los productos, que sitúa «en la frontera de la legalidad»

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  • Fecha de publicación: domingo 7 abril de 2002
Alrededor de veinte establecimientos del País Vasco ofrecen preparados naturales elaborados a partir de sustancias herbales de propiedades alucinógenas, euforizantes, sedantes y afrodisíacas, un año después de que el Ministerio de Sanidad ordenara su retirada del mercado. La exclusión, según se explicó entonces, fue debida a que los productos eran en realidad «medicamentos disfrazados», y sin embargo no habían recibido la preceptiva autorización.

Mientras el Gobierno central mantiene que corresponde a las autonomías realizar las inspecciones para que no se produzca ninguna irregularidad en este mercado tan delicado, en el País Vasco se diluyen las responsabilidades sobre el control de un negocio que ha sido importado de Holanda. La dirección de Salud reconoce que «hay un vacío legal sobre esta materia» y desconoce si existe un seguimiento exhaustivo sobre los smart shops , las tiendas dedicadas a la venta de estas sustancias.

El Ministerio, a través de la Agencia Española del Medicamento, comunicó en marzo de 2001 a las direcciones generales de Salud de todas las comunidades autónomas que debían retirar de estas franquicias los productos que estaban a la venta y no habían sido testados. En el mes de mayo, la agencia encargada de velar por el control de los medicamentos se dirigió de nuevo a los directores de Salud de las comunidades para reiterarles la orden, con un aditamento: carecían expresamente de autorización sanitaria los productos elaborados a base de efedra y guaraná y las empresas que los comercializaban, por lo que su presencia en el mercado no era legal.

Transcurrido un año, responsables de Salud del Gobierno vasco declaran no haber recibido ningún tipo de notificación y consideran que estos compuestos se encuentran en situación «un tanto confusa, en la frontera de lo que es legal y lo que no lo es». La Ley del Medicamento de 1990 prohíbe la venta y distribución de productos cuyos principios activos son alucinógenos, euforizantes o sedantes, y concede esta facultad exclusivamente a las farmacias. Pero según un representante de la Secretaría de Drogodependencias del Gobierno vasco, estos preparados ni son productos farmacéuticos ni están catalogados como sustancias que crean drogodependencia: «Ni están prohibidos ni permitidos; simplemente, no están tipificados».

La Unión Europea está trabajando en una directiva que determinará los canales de distribución de los productos naturales y dietéticos (herboristerías u oficinas de farmacia), que se traspondrá a la normativa española en un plazo breve. Con independencia de esta directiva, Sanidad está elaborando una orden ministerial que regulará los tipos de plantas que pueden ser de libre venta y aquellas que por su uso medicinal tengan que distribuirse y dispensarse en las farmacias.

Un negocio en auge

Las smart shops son una industria en expansión en Holanda, donde existen más de 200 locales. En España ya se han abierto más de un centenar y se ofrecen como una alternativa a las drogas sintéticas. Son establecimientos con gran aceptación por parte de los consumidores, ya que ofertan productos que, según sus promotores, no tienen los efectos secundarios de las drogas ilegales, como la adicción o el bajón.

Estos preparados combinan extractos vegetales -guaraná, cafeína, hongos...- con aminoácidos, minerales y vitaminas. Cualquiera puede adquirir un preparado que provoque efectos similares al éxtasis , el LSD y las anfetaminas. Se venden en forma de píldoras o cápsulas, y se fabrican licores con estas propiedades.

Las pastillas se distribuyen en cajas que contienen las dosis necesaria para el consumo individual, según la naturaleza del producto y de la persona. Todos los envases incluyen un prospecto que alerta sobre los posibles efectos del preparado y aconseja un consumo prudente. Los propietarios de las tiendas añaden que se aseguran de no vender los productos a menores para prevenir un uso indebido. Su precio oscila entre los 10 y 20 euros por caja.

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