La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la situación en la que viven 5.000 iraquíes que se encuentran en el campo de refugiados de Rafha, en Arabia Saudí. «Están viviendo prácticamente como prisioneros, privados del disfrute de sus derechos humanos fundamentales», señaló la ONG.
El campo, situado y aislado en el desierto, en la frontera de Arabia Saudí con Irak, está custodiado y supervisado por fuerzas de seguridad militares. Según la organización, los refugiados están sometidos al toque de queda nocturno y tienen estrictamente prohibido traspasar el perímetro de las vallas del recinto, salvo decisión de la administración del campo.
Estos 5.000 hombres, mujeres y niños forman parte de las 33.000 personas que huyeron de Irak durante la Guerra del Golfo de 1991 en busca de unas condiciones mejores. Desde el principio, las autoridades saudíes se refirieron a ellos como «invitados», negándose a considerarlos refugiados. Amnistía Internacional apuntó que «esto sólo les deja dos posibles soluciones duraderas: el reasentamiento en otro país o el regreso a Irak, el país del que huyeron».
Asimismo, afirmó que el país árabe ofrece incentivos económicos a las personas que regresan a Irak, «una política que podría hacer que estos refugiados retornen a un lugar donde podrían sufrir violaciones graves de derechos humanos».
La ONG denunció además «la ausencia de compromiso de Arabia Saudí y de la comunidad internacional» con la situación derivada de los desplazamientos provocados por la Guerra del Golfo.
Por último, AI recordó que una política de contención de refugiados en campos o zonas protegidas, sin contemplar la posibilidad de integrarse en el país de acogida, «puede dejar a miles de personas en la incertidumbre, sin ninguna perspectiva de poder controlar su propio destino».
