¿Cómo se mide la pobreza en España?

Para determinar si una persona está en AROPE ha de cumplir, al menos, con uno de estos criterios:

Personas cuyos ingresos son inferiores al 60 % de la renta media disponible equivalente (después de transferencias sociales). El umbral de riesgo de pobreza actual para una familia de dos adultos y dos niños es de 1.576 euros al mes; es decir, cada una de esas personas tiene que vivir con menos de 400 euros mensuales. Para un cálculo más preciso, la distribución de los ingresos se calcula en función de la región.

Vivir en un hogar que carezca de, al menos, cuatro de los nueve elementos de consumo básico establecidos en la Unión Europea. Estos son:

• No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
• No puede permitirse una comida de carne o pescado (proteínas) al menos cada dos días.
• No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).
• No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura correcta.
• No puede permitirse disponer de un coche.
• Haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, luz, agua…) o en compras a plazos.
• No puede permitirse disponer de un teléfono.
• No puede permitirse disponer de un televisor.
• No puede permitirse disponer de lavadora.

Suma la cantidad de trabajo remunerado que consiguen todas las personas en edad laboral del hogar. Si ese trabajo es inferior al 20 % del máximo posible (una jornada laboral de 40 horas a la semana), se considera que el hogar está en baja intensidad de empleo. Por ejemplo, en una familia de dos adultos y dos niños, si los dos adultos trabajan menos de dos horas al día se consideraría un hogar con muy baja densidad de empleo.

El concepto de exclusión social es de índole europeo. Hace referencia a la imposibilidad de ejercer algunos derechos y de participar plenamente en la sociedad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los menores de 18 años son el colectivo con mayor riesgo de pobreza en España, que ha aumentado del 27,4 % de 2020 al 28,9 % de 2021. Es la cifra más alta en los últimos cinco años. Desde 2018, la pobreza infantil se ha ido incrementando, más aún tras la pandemia, lo que ha hecho saltar todas las alarmas de las organizaciones de la infancia.

La Encuesta de Condiciones de Vida permite calcular las tasas de pobreza infantil por comunidades autónomas. A pesar de que estos datos son todavía muy limitados por la cantidad de la muestra, para los expertos esta información es importante porque presenta una mayor prevalencia de pobreza infantil en las comunidades del sur, el litoral este y oeste y las islas.

Para romper el círculo de la pobreza infantil y su impacto en la salud, el Gobierno aprobó en julio el ‘Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea‘ (2022-2030), siguiendo así la recomendación del Consejo de la Unión Europea.

El objetivo es “garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes en la Unión Europea tengan acceso a seis derechos básicos: educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo, asistencia sanitaria, vivienda adecuada y alimentación saludable”.

El Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea se desarrolla alrededor de tres ejes estratégicos:

🔹 1. La lucha contra la pobreza y refuerzo de la protección social.

🔹 2. La universalización de los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios. Este se compone de cuatro ámbitos de intervención:

• Educación infantil, cuidados y atención a la primera infancia.
• Educación y actividades extraescolares.
• Asistencia sanitaria y alimentación saludable.
• Vivienda adecuada.

🔹 3. La promoción de la equidad territorial, entornos protectores, igualitarios, inclusivos y participativos.

Cada eje y ámbito de intervención se compone de objetivos (en total 20) que incluyen indicadores y metas (pendientes de definir a lo largo del primer trimestre de 2023) y unas medidas específicas (88 en total), en las que se detallan tanto las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos planteados como los principales actores responsables (manteniendo el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas).