El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de los principales organismos que vela por la protección y promoción de las libertades fundamentales en el mundo, cuenta desde ayer con España entre sus integrantes, tras una campaña de defensa de la candidatura que se ha prolongado durante dos años. El objetivo principal de este organismo es considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto, como sugerir a los países determinadas iniciativas legislativas. También puede crear un mandato específico para que un relator investigue la situación de las libertades fundamentales en una nación en concreto.
Los miembros de la Asamblea General, reunidos en Nueva York, eligieron en una votación secreta a España como nuevo miembro, tras recabar 177 votos, muy por encima del mínimo que precisaba (97) y de los 130 que tenía comprometidos de antemano por escrito. Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, han hecho gestiones directas en busca de apoyos, según reconocieron fuentes diplomáticas.
Es la segunda vez que España pide ingresar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras un primer intento fallido en 2008, cuando se quedó fuera por un único voto, frente a otros dos competidores, Estados Unidos y Francia. En esta ocasión, sólo Suiza, que ha conseguido 175 votos, aspiraba a entrar en el mismo grupo que España en el consejo y como las vacantes eran dos (en sustitución de Italia y Países Bajos) ningún otro país occidental se quedó sin asiento. Junto a estos dos países europeos, también fueron elegidos este jueves Polonia, con 171 votos, Moldavia (175), Angola (170), Libia (155), Mauritania (167), Uganda (164), Malasia (179), Maldivas (185), Qatar (177), Tailandia (182), Ecuador (180) y Guatemala (180).
El consejo sustituyó en 2006 a la Comisión de Derechos Humanos, desacreditada por su excesiva politización y porque tenía entre sus miembros a países como Zimbabue, Sudán y Cuba. El ingreso de España en este organismo de 47 miembros, que no implica ninguna obligación económica, se materializará en septiembre por un periodo de tres años, en el que se someterá al consejo su primera revisión en 2011.
Entre otras cuestiones, se debatirá qué países deberían entrar a formar parte de su estructura. En la actualidad, hay una discusión abierta entre los países que ven imprescindible que los candidatos cuenten con un expediente limpio en materia de respeto de los derechos humanos y otros partidarios de incluir también a los países que violan las libertades fundamentales para conseguir que se involucren en su defensa.
