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Estatuto de los cooperantes, a debate

Representantes de las principales ONG opinan sobre la nueva norma

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Actualmente un total de 1.400 personas trabajan en España como cooperantes en todo el mundo. Todos ellos potenciales beneficiarios del Estatuto de los cooperantes aprobado a finales de abril. El objetivo de esta norma es dignificar una profesión a menudo confundida con la de los voluntarios y que reparte la ayuda humanitaria por más de 60 países de Latinoamérica, África Subsahariana, Extremo Oriente, Magreb y Oriente Medio, principalmente. En estos lugares, los cooperantes realizan con frecuencia tareas de extrema dureza, por lo que el Estatuto pretende reconocerles unas condiciones mínimas de estatus legal y laboral, como la firma de un contrato de trabajo por escrito, facilidades para la reinserción laboral a su vuelta a España y un seguro colectivo para atender todas las necesidades sanitarias.

Valoración de las ONG

El pasado 28 de abril se aprobó el Estatuto de los cooperantes. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de julio de 1998, establecía en su articulado la obligación de aprobar un marco normativo en el que se contemplaran una serie de aspectos esenciales de la labor de los cooperantes), como sus derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, formación, homologación de los servicios prestados y modalidad de previsión social. Ocho años después, estos requisitos se dan cita en el Estatuto de los cooperantes, de aplicación a los cerca de 1.400 cooperantes españoles que desempeñan sus labores en zonas de conflicto o afectadas por desastres naturales. En general, el texto ha sido acogido favorablemente por las organizaciones que cuentan con proyectos de cooperación al desarrollo porque supone reconocer la labor de los cooperantes, un sector cada vez más profesionalizado.

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Desde Cruz Roja Española, el responsable de Cooperación para África, José Sánchez Espinosa, considera que el Estatuto “es un paso al frente muy positivo tras ocho años de trabajo en los que se ha estado luchando por conseguirlo”. Asegura que “lo más importante es que por primera vez se ha dado un reconocimiento oficial al trabajo del cooperante, que hasta ahora no se había hecho a nivel oficial como profesión”, y destaca que, con esta nueva normativa, se estandarizará el trato hacia el cooperante por parte de las ONG, encargadas hasta ahora de regular la situación de éste. “La casuística puede ser muy amplia, pero hasta ahora eran las ONG las que se encargaban de regularizar la situación de los cooperantes, con un contrato de alta en la Seguridad Social y un seguro médico. Ahora, el Estatuto recoge una serie de normas obligatorias que, en muchos casos, las ONG ya cumplían, pero que ahora todos vamos a estar obligados a cumplir”, reflexiona.

Por su parte, Consuelo López, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras, reconoce que en los últimos años ha habido “una situación de desprotección y de poca seguridad jurídica para los cooperantes”, aunque afirma convencida que “solamente el hecho de que exista este Estatuto ya es un avance, un reconocimiento y una muestra de dignificación de un trabajo que hasta ahora tenía el reconocimiento social, pero no jurídico”. Esta idea es compartida también por el coordinador del Departamento de Cooperación de PTM-Mundu bat, Gorka Ramírez, quien, tras hacer una “valoración positiva”, rechaza tener cualquier “temor” respecto a la voluntad de que este Estatuto se aplique con todas las garantías: “Por parte de la Administración y las ONG vemos voluntad de incorporar el Estatuto, aunque habría que hacer un llamamiento a las propias organizaciones para que nos impliquemos en la incorporación de estos derechos y deberes que se otorgan al cooperante y analicemos nuestras deficiencias para garantizar estas condiciones mínimas de trabajo a los que están en terreno. Además, hay que tener en cuenta que a partir de ahora ya estamos obligados a realizar un control más exhaustivo”.

Las organizaciones no gubernamentales insisten en que el Estatuto supone un paso adelante Las organizaciones no gubernamentales insisten en que el Estatuto supone un paso adelante y es, añade el Director de Logística de Acción contra el Hambre, Guillem Pérez, “una buena noticia después de ocho años de discusión y debate, porque al final se ha creado un marco jurídico en el que cual se contempla la figura del cooperante y se le da un estatus legal”. Así lo defiende también Ricardo Angora, Vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de ONG al Desarrollo de España (CONGDE), para quien el Estatuto es una “reivindicación histórica muy esperada” porque, explica, “venimos de la nada a una regulación que es bastante favorable a los cooperantes”. Y es que conviene recordar que, a menudo, los cooperantes trabajan en lugares remotos asediados por enfermedades endémicas y con deficientes condiciones sanitarias. Estas situaciones de extrema dureza requieren algún tipo de compensación que, de alguna forma, pretende darse ahora con el Estatuto. “La mayoría de las ONG han garantizado condiciones dignas para el trabajo del cooperante porque, de lo contrario, es difícil que permanezca en el país de destino si no se le garantizan esas condiciones mínimas, como son un contrato laboral o un seguro médico, pero el Estatuto va a ayudar a que esto mejore”, agrega Angora.

Desde la Administración, Enrique del Olmo, vocal asesor en la secretaría de estado de Cooperación Internacional, asevera que con la normativa aprobada el pasado 28 de abril “se ha cumplido un compromiso que en ocho años no se había podido cubrir, al tiempo que se genera un marco de cobertura que no existía”. No obstante, confía en que el futuro Reglamento del Estatuto, que debe desarrollarse en los próximos seis meses, sirva para resolver algunas de las dudas o interrogantes que en estos momentos tienen las ONG e insiste en el salto importante que significa el texto “para la dignificación del sector de la cooperación, la valoración social de los cooperantes y su cobertura y seguridad sobre el terreno”.

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