La organización no gubernamental Transparency International (TI) ha puesto en marcha en África una campaña para la repatriación de la ayuda internacional de la que se apropiaron de forma ilegal ex dictadores del continente y que fue depositada en cuentas bancarias en Londres, Zurich, Nueva York y Liechtenstein.
La corrupción en África hace que miles de millones de dólares de ayuda humanitaria donada por ONG´s no lleguen a los beneficiarios. El año pasado, los nigerianos estuvieron a punto de recibir 1.200 millones de dólares en fondos robados por el difunto dictador Sani Abacha, «hasta que el hijo de éste paró el proceso de repatriación antes de firmar un acuerdo que incluía una cláusula mediante la cual se retiraban los cargos por robo y blanqueo de dinero contra él y sus socios», explican fuentes de TI.
En su Informe Global de la Corrupción 2003, esta ONG insta a que se dé un mayor control por parte de las organizaciones internacionales y la sociedad civil de las donaciones internacionales. TI considera un gran paso el hecho de que tanto las agencias donantes como los grupos cívicos de países en vías de desarrollo exijan ahora «una mayor divulgación de los presupuestos y un compromiso de lucha contra la corrupción». De todos modos, pide que la sociedad civil tenga acceso al control de los gastos y pueda supervisar que la ayuda llegue a los beneficiarios.
El estudio de Transparency International incide también en la importancia de la libertad de prensa para poder denunciar los casos de corrupción que se registran en el mundo. No obstante, advierte de que la libertad de información no es suficiente si los medios y la sociedad civil no ejercen su función de observadores. El informe recuerda que en el año 2002 se registraron menos asesinatos de periodistas en las zonas de conflicto, «aunque los informadores que investigan casos de corrupción todavía se ven amenazados por el poder».
Por otra parte, TI insta en su informe a las grandes empresas a adoptar códigos de conducta que incluyan normas diseñadas para combatir el soborno tanto en el ámbito nacional como en las filiales en el exterior. En este sentido, señala que las compañías de los principales países industrializados son «levemente menos proclives al cohecho» que en 1999, según el Índice de Fuentes de Soborno (IFS).
El año pasado, Transparecy International puso en marcha una campaña, denominada «Haga Público lo que Paga», al objeto de presionar a las empresas petrolíferas y mineras para que declarasen los impuestos y «royalties» (porcentaje de las ventas) que pagan a los gobiernos de los países en los que operan.
