La solidaridad social o la responsabilidad social corporativa (RSC) de la empresa privada española no superó los 215 millones de euros en 2003, apenas un 0,035% del Producto Interior Bruto (PIB) de ese año.
De tal cantidad, algo más de la mitad corrió a cargo de las cajas de ahorros, obligadas por ley y que, en puridad, no pueden considerarse empresas privadas. Este cálculo, practicado por la Fundación Luis Vives en su Anuario del Mecenazgo Empresarial de Acción Social, sitúa en 105 millones de euros la aportación de las compañías privadas españolas.
Esa cantidad es casi la misma que sumó en 2003 la contribución de los ciudadanos particulares que marcaron la casilla de otros fines sociales en su declaración de la renta. «Los ciudadanos ya lo están haciendo, ahora es el momento de que las empresas se den cuenta de que tienen que contribuir, de que tienen una responsabilidad con la sociedad de la que forman parte», recalcó Antonio Sánchez, director general de la Fundación.
El estudio se ha realizado sobre 660 ONG´s receptoras, de entre las 3.300 entidades de acción social susceptibles de recabar fondos por la vía del mecenazgo de la Ley 49/2002, y 144 empresas donantes.
Entre sus conclusiones, los autores de la investigación destacan que, salvo el caso de las cajas de ahorro y un número limitado de grandes compañías, el porcentaje dedicado por el conjunto del empresariado español a acción social -actividades para paliar problemas de precariedad socioeconómica, exclusión, etc.- «es mínimo», muy inferior a las cantidades dedicadas al patrocinio cultural, recreativo y de otro tipo.
No obstante, los especialistas detectan un cambio de tendencia y un interés creciente hacia los temas propiamente sociales en los dos últimos años. Otro gran reto -destacan los autores de la investigación- es involucrar en el mecenazgo social a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
