Dulce Celeste Chavarría es el nombre de la primera menor nicaragüense que, tras ser llevada a España de forma ilegal hace un tiempo, habría sido repatriada. «La niña llegó a Managua la noche del miércoles y ahora se encuentra bajo la custodio de su madre», informó ayer la ministra de Familia de Nicaragua, Carmen Largaespada. Sin embargo, fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Sociales afirmaron que no tienen constancia de que ningún menor nicaragüense haya sido repatriado.
El presunto desenlace del caso de Dulce Celeste es el que desea el Gobierno de Nicaragua para el resto de los menores que viven en nuestro país tras ser sacados de forma supuestamente ilegal del citado país centroamericano.
Según parece, una delegación de la Asamblea Nacional de Nicaragua viajaría el próximo lunes a Madrid para tramitar la repatriación de los menores que se sabe que viven con familias de Baleares, Madrid y Extremadura. «La comisión viaja a España con dos objetivos: comprobar el estado físico y las garantías de protección de los seis niños y dejar el terreno preparado para la repatriación inmediata», comentó el presidente de la comisión legislativa de los Derechos Humanos, Nelson Artola. Sin embargo, a día de ayer no se conocía desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la llegada de autoridades procedentes de Nicaragua con intención de resolver el asunto de los niños sacados de ese país.
Un asunto que es prioritario para el Gobierno nicaragüense y que se debe resolver en una única dirección, como asegura la directora del Ministerio de la Familia, Ivonne Walls: «Los niños tienen que regresar al lado de sus padres. Si las condiciones del padre y la madre de los menores no son idóneas, buscaremos otra opción familiar, y si ésta no existe tendremos que internarles en un centro de protección».
Las autoridades nicaragüenses aseguran que, tras el anuncio del viaje, el secretario de la Embajada de España en Nicaragua mostró su total apoyo «a la comitiva para que realice la visita de trabajo y para que investigue a la fundación Luz para la Infancia».
En relación a esta organización, que al parecer sería desconocida tanto para las autoridades nicaragüenses como para las españolas, pero que presuntamente fue la encargada de gestionar el traslado de los menores, Nelson Artola, afirmó que «si se comprueba que el matrimonio Jiménez Ramón forman parte de una red de traficantes de menores, podrían ser extraditados a Nicaragua para ser juzgados. De ser culpables serán severamente condenados para que este caso sirva como barrera de protección de la infancia».
En Nicaragua la vuelta de los menores se vive como algo que podría ocurrir en breve. Pero no todas las familias desean que esto suceda. Este es el caso de Isabel Fernández: «Si allí van a tener mejor preparación prefiero que se queden». «Me siento agobiada por no tener noticias de mis hijos desde hace tres años», manifestó aún así.
