Rumania reanudó el pasado sábado las adopciones internacionales, tras entrar en vigor la nueva y restrictiva ley sobre la protección del menor, después de una interrupción de tres años. Las nuevas disposiciones sólo permiten el prohijamiento para los parientes en segundo grado del niño y además establece que la edad del menor adoptable en el extranjero no puede ser inferior a los dos años.
Asimismo, se ha creado la Oficina Rumana para la Adopción (ORA), única autoridad que controla este proceso, y se elimina la actividad de las fundaciones y de las numerosas instituciones rumanas que durante más de diez años se ocuparon de intermediar en adopciones, y cuya corrupción obligó a las autoridades del país, presionadas por la Unión Europea (UE), a suspender los procedimientos y reformar el sistema.
Conforme a la ley adoptada por el Parlamento rumano en verano, la adopción nacional prevalece ante la internacional, a la que se recurre sólo cuando ninguna otra forma de protección puede asegurar el bienestar del niño.
Por otro lado, la nueva ley del menor establece que las adopciones se efectuarán sólo por las instituciones especializadas del Estado bajo el control de la ORA y que su tasa sea única y fija, adoptada por el Gobierno rumano.
