SOS Racismo ha solicitado a los gobiernos europeos, y en especial al español, que a la hora de firmar acuerdos de inmigración pongan los derechos humanos como primer valor a respetar. La ONG ha pedido además que estos convenios no supongan la entrega de «dinero a fondo perdido» a las autoridades de los países de origen de los inmigrantes, en «su mayoría antidemocráticas».
A juicio de esta organización, la falta de respeto a los derechos humanos es una de las causas de estos viajes de emigrantes, «cada vez desde más lejos y por lo tanto más peligrosos». Por ello, insta a la sociedad española a evitar «episodios de discriminación, de refuerzo de estereotipos y de alarma social».
La ONG apunta que la mayoría de inmigrantes que llegan a Canarias luego son trasladados a la Península con un expediente de expulsión que «en muchísimos casos no se va a poder ejecutar». En este sentido, pide que no se abran expedientes imposibles de aplicar, ya que los inmigrantes se quedan entonces en una «situación irregular irreversible».
Asistencia letrada
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que algunos inmigrantes que llegan a las costas españolas no gozan del derecho a una asistencia letrada efectiva y a un intérprete.
Esta organización dice que ha comprobado que en Canarias no se aplica una «verdadera asistencia letrada» a los inmigrantes porque estos no se entrevistan con su abogado, desconocen su nombre y la forma de contactar con él.
AI recuerda que a través de este derecho se puede identificar a las personas que huyen de su país porque en él se violan los derechos humanos, algo que impide la devolución de la persona.
Respecto a los menores no acompañados que llegan en los cayucos, la organización humanitaria advierte de que si son devueltos a sus países debe garantizarse que se les reagrupa con sus familias y en condiciones de vida dignas.
