El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley con un régimen de sanciones que contempla multas de hasta un millón de euros para los casos de discriminación y vulneración de la igualdad de oportunidades a las personas con problemas de discapacidad. Según indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el objetivo del Ejecutivo es «ponérselo fácil a las personas con discapacidad y más difícil a quienes actúan contra sus derechos».
De la Vega recordó que uno de cada once ciudadanos españoles tiene alguna discapacidad y muchos de ellos viven su día a día como ciudadanos de segunda, debido a la discriminación que sufren en diversos ámbitos como el mercado de trabajo. El Proyecto de Ley de Infracciones y Sanciones en Materia de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad cuenta con el informe del movimiento asociativo, el Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo de Estado y las comunidades autónomas.
Infracciones administrativas
La norma considerará infracciones administrativas cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acoso, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.
Las infracciones serán leves, graves o muy graves, según la gravedad de los hechos punibles y serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de un millón de euros. Los criterios tenidos en cuenta en la graduación de las sanciones serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocios y el número de personas afectadas.
El Gobierno entiende que «las personas con discapacidad tienen dificultades añadidas y no justificadas para encontrar trabajo, barreras de movilidad y de acceso que la sociedad debe evitar». «La peor de las barreras posibles son las mentales y sociales que un Estado de Derecho no puede tolerar», recalcó De la Vega.
