Asociaciones de usuarios y empresas piden modificar la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos

Critican que se están poniendo las condiciones para que las administraciones públicas incrementen "su cautividad tecnológica"
Por EROSKI Consumer 15 de junio de 2007

Varias asociaciones de usuarios y empresas han hecho público un comunicado conjunto en el que solicitan modificar el proyecto de Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) aprobado por el Congreso. Aunque reconocen que se han corregido «algunos defectos importantes», como la garantía de no discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica, creen que el proyecto todavía presenta carencias.

La nota, que firman responsables de organizaciones como Hispalinux o la Asociación de Internautas (AI), entre otras, indica que la LAECSP concede a los ciudadanos el «curioso» derecho a dirigirse electrónicamente a los servicios públicos no sólo con «estándares abiertos», sino con aquellos formatos, protocolos o interfaces que, siendo exclusivos, secretos o patentados, «están ampliamente extendidos».

A juicio de los firmantes, esto hace que se pongan las condiciones para que las administraciones públicas incrementen su «cautividad tecnológica» y su dependencia de un solo proveedor, «dado que, cuando un ciudadano decida usar uno de estos formatos, estarán obligadas por ley a atenderle y, por tanto, a pagar las regalías y posibles patentes para hacerlo». Ello, advierten, supondrá un «fortísimo» incremento del gasto público en tecnologías de la información.

Por otro lado, denuncian que la normativa no garantiza que sea posible conocer «con total transparencia» las operaciones, procesos y transacciones que se realicen con los datos de los ciudadanos. Tampoco «poder conocer y aportar mejoras» al funcionamiento interno de las instituciones.

Los firmantes critican además que la LAECSP no pone a plena disposición de la ciudadanía y empresas todo el software, la información y el conocimiento generado en la implantación de la Administración Electrónica y que es sufragado con el erario público.

Por todo ello, instan a los grupos parlamentarios a introducir los cambios necesarios en el proyecto para que se corrijan estas carencias, así como a modificar la Ley General de Telecomunicaciones para que el acceso a Internet «sea un servicio universal y neutro».

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