El objetivo del Gobierno, es modernizar el aparato judicial creando para ello una red en Internet que relacione no sólo la comunicación interna entre los tribunales, órganos administrativos y profesionales jurídicos, sino también el acceso del ciudadano. Además se hará uso de otras herramientas de informática .
Sin embargo, este proyecto cuenta con varios problemas para su puesta en marcha ya que existe una descoordinación entre el gobierno y las comunidades autónomas, según ha declarado el ministro, Angel Acebes.También ha recordado que existe un «desequilibrio actual » donde hay automías con competencias transferidas y otras sin atribución alguna en este campo. Esta situación puede influir de una manera «muy negativa» en la definición de la futura «Red Judicial».
Otro problema reside en el nacimiento de multitud de ‘miniredes’ y el aumento de usuarios en Internet lo que dificultará la integración del sistema de comunicaciones electrónicas judiciales para todo el Estado. La disparidad de criterios entre varias comunidades y el propio Ejecutivo central a la hora de poner en marcha los nuevos medios electrónicos, informáticos y telemáticos se basa especialmente en los diversos ritmos de desarrollo de las transferencias de medios materiales y personales.
El distinto desarrollo competencial de las autonomías, puede provocar -a juicio de los vocales del Poder Judicial- «serias distorsiones al no poder predecirse, con exactitud, cuál va a ser la situación definitiva de la estructura del Estado en materia de Justicia». En esta línea, se reclama la creación de un «ente público» -a imagen de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones- que regule aspectos como la firma electrónica o el «sellado de tiempo» de las notificaciones y comunicaciones judiciales.
