El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha criticado las últimas actuaciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), referentes a la oferta de ADSL de Telefónica y a la explotación de la Red por parte de los municipios.
La prioridad del Gobierno, según el Ministerio, es el desarrollo de la Sociedad de la Información, que Internet llegue a todos los rincones de España y, por ello, está molesto con la CMT, que ha multado a dos municipios (Puenteareas, en Pontevedra, y Atarfe, en Granada), por prestar servicios «Wi-Fi» (sistema de acceso inalámbrico a la Red) sin comunicárselo al organismo, tal y como establece la ley, que deposita en la CMT la concesión o denegación de la licencia.
Según Industria, no hay motivos para tales sanciones, puesto que los ayuntamientos pusieron en marcha esta iniciativa sin ánimo de lucro y con la sola finalidad de generalizar el uso de Internet en áreas poco informatizadas. Además, el Ministerio alega que, en determinadas zonas, es imprescindible que los ayuntamientos se comprometan con la extensión de las nuevas tecnologías.
El departamento que dirige José Montilla deja entrever que, seguramente, con el reglamento que desarrolle la Ley General de las Telecomunicaciones, que se aprobará el próximo año por decreto, se otorgará más libertad a los municipios para que puedan cooperar con la Administración del Estado para poner en marcha la Sociedad de la Información.
Respecto a Telefónica, Industria considera que sus ofertas de ADLS, rechazadas por la CMT, hubieran llevado a otros operadores a reducir sus tarifas y favorecer la extensión de Internet. La Comisión, sin embargo, defiende su decisión afirmando que se limita a aplicar la ley, defendiendo a los consumidores y evitando un abuso de posición dominante del que se podría haber beneficiado Telefónica, con cuyo plan pretendía, en su opinión, «pinzar» los márgenes de sus competidores y ponerles barreras a su desarrollo.
El problema, según el órgano regulador, es que aún no se ha conseguido liberalizar de verdad el mercado. «Hay que dar un nuevo giro al modelo de las telecomunicaciones en España, profundizar en su liberalización y esto es lo que nos ha movido en nuestras decisiones y no otra cosa», explican fuentes de este organismo.
