Ante las repercusiones económicas que tendrá el movimiento de contenidos en Internet en un futuro inmediato, la Comisión Europea tiene previsto revolucionar los métodos de protección y distribución de estos materiales dentro de la Unión Europea (UE).
El anteproyecto del órgano ejecutivo de la UE, que fue difundido ayer, señala que en la actualidad los internautas pueden acceder a películas, videojuegos, libros, música, televisión y radio a través de nuevos dispositivos, redes y servicios, incrementando los retos a los que se enfrentan los gestores de contenidos, autores, editores, gobiernos y reguladores independientes. «Lo mejor es que estas materias se dirijan desde Europa, ya que la mayoría de estos nuevos servicios precisan de dos ventajas que aporta el mercado interno de la UE: las economías de escala y la diversidad cultural», afirma el documento, que se publicará en diciembre y que podría sufrir cambios.
«Además, esta forma de comunicación está impulsando un asesoramiento público centrado en preparar la adopción de una recomendación sobre los contenidos intelectuales en Internet», agrega el informe, que propondrá una estrategia en dos áreas, alguna de las cuales tocará áreas tan polémicas y sensibles como los derechos de autor y los cánones por copia privada.
La primera parte comprende una recomendación de instrumentos legales que serían adoptados por el Parlamento Europeo y los Estados de la UE para su aplicación en los países y la industria. Entre estos instrumentos se encontrarían la transparencia y la interoperabilidad en materia de gestión de derechos digitales, el potenciar la innovación de diferentes formas de licencia para cada tipo de contenido creativo y el establecer los elementos necesarios para armonizar los mecanismos de compensación por copia privada en la Red.
La segunda área plantea crear una «Plataforma Europea de Contenidos Creativos Online» para aquellas «negociaciones sobre contenidos o de industrias tangenciales» relativas a la distribución de contenidos en la Red. En su agenda se incluye a proveedores de contenidos, poseedores de derechos y compañías y organizaciones de los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología, así como a los consumidores. La labor de esta plataforma también incluiría la elaboración de una Carta de Derechos Digitales del Consumidor.
