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La UE expedienta al Reino Unido por no garantizar la privacidad de los internautas

Este país no obliga a las empresas a contar con el consentimiento expreso de los usuarios de la Red para acceder a sus datos

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 15 abril de 2009
Las autoridades británicas no garantizan la privacidad de los usuarios de Internet al no obligar a las empresas a contar con el consentimiento expreso de los mismos para acceder a sus datos. Éste es el motivo por el cual la Comisión Europea ha abierto un expediente al Reino Unido. En su opinión, este país no aplica correctamente la normativa comunitaria sobre confidencialidad en las comunicaciones.

Bruselas recuerda que la legislación europea establece que los Estados miembros deben garantizar la confidencialidad de las comunicaciones prohibiendo la interceptación y la vigilancia sin el consentimiento del usuario.

El citado expediente es el primer paso de un procedimiento de infracción que, de no ser resuelto, puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, el Reino Unido tiene un plazo de dos meses para dar una respuesta que le resulte convincente a Bruselas, de lo contrario el caso podría pasar al alto tribunal.

Sistema "Phorm"

Lo que ha llevado al Ejecutivo comunitario a adoptar esta decisión han sido las quejas de internautas británicos que denunciaron el uso que proveedores de Internet daban al sistema "Phorm". Esta tecnología permite seguir los pasos de los usuarios de la Red con el fin de analizar qué es lo que les interesa y mostrarles así publicidad específica cuando visitan determinados sitios web.

Viviane Reding, comisaria europea de Sociedad de la Información, reconoce que "Phorm" y otros sistemas similares pueden ser "útiles" para las empresas y consumidores, pero advierte de que "deben utilizarse cumpliendo las normas comunitarias" destinadas a proteger la intimidad de los ciudadanos.

Según Reding, "resulta problemático" el modo en que el Reino Unido ha aplicado parte de las normas sobre confidencialidad en las comunicaciones. En este sentido, insta al país a velar por que las autoridades nacionales "estén debidamente habilitadas y puedan imponer sanciones adecuadas" para hacer cumplir la normativa de la UE.

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