Las tres operadoras españolas de telefonía móvil -Telefónica, Vodafone y Amena- cuentan con alrededor de 32.000 antenas, con las que dan cobertura al 98% del territorio nacional. De éstas, en torno a 20.000 están situadas en núcleos urbanos, mientras que el resto se reparten especialmente por carreteras y zonas rurales.
El actual número de estaciones base, sin embargo, no es suficiente para garantizar que el móvil vaya a funcionar con normalidad en cualquier circunstancia. Las operadoras han avisado de la posibilidad de que este verano se produzcan «apagones» en el móvil en zonas del litoral mediterráneo y de la Costa del Sol, donde la afluencia de turistas, sobre todo en el mes de agosto, hace que la demanda de servicios de telefonía aumente considerablemente.
Para que este fuerte incremento de usuarios no provoque «caídas» en el servicio, las operadoras estiman que necesitarían incrementar la capacidad de su red en alrededor de un 12%. Esto significaría levantar casi 4.000 antenas más, algo que parece imposible dados los problemas administrativos que surgen en este asunto, sobre todo por parte de los ayuntamientos.
La solución provisional que hasta ahora utilizaban las operadoras era la de desplazar unidades móviles a las zonas con fuerte aumento de la demanda. Sin embargo, una unidad de este tipo no deja de ser una antena y al final los problemas administrativos han terminado surgiendo en la misma medida.Las operadoras insisten en que sus antenas son absolutamente inofensivas para la salud y se ajustan a la normativa que en este sentido han dictado los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología, a través del Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, que se completa con una Orden de 11 de enero de este año que regula los procesos de autorización e inspección de este tipo de instalaciones. Las compañías aseguran cumplir a rajatabla dichas normativas, que, en términos generales, pueden ser consideradas como muy exigentes en lo que se refiere a las emisiones electromagnéticas que se desprenden tanto de móviles como de antenas, y que según las compañías se encuentran 1.200 veces por debajo de lo que permitiría la ley. Los móviles funcionan con una potencia máxima de dos watios y sus estaciones base a un máximo permitido de 500 watios. Esos valores son, siempre según las operadoras, muy pequeños comparados con los de un horno microondas o los de una estación emisora de televisión o de radio, por citar algún ejemplo. Sus radiaciones, de baja frecuencia, no poseerían energía suficiente para alterar la estructura molecular de la materia. Por eso, la solución al actual parón en la instalación de antenas sería, simplemente, que se aplique la mencionada normativa, por encima de las numerosas disposiciones dictadas por ayuntamientos y Comunidades autónomas.
Una sola normativa
En términos similares se expresaba ayer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el que se aseguró que no tiene sentido que los ayuntamientos tomen tantas precauciones con unas instalaciones que, si cumplen las normativas, no representan un peligro para la salud.
«Nosotros no nos cansamos de repetir a los ayuntamientos y a la Federación Española de Municipios y Provincias que se aplique la normativa nacional y que, bajo esas premisas técnicas, no existe ningún tipo de problema», señaló un portavoz de Ciencia y Tecnología. «Insistimos muchísimo en que esto no tiene sentido», recalcó la misma fuente, en referencia a las cautelas que adoptan algunas corporaciones locales con las antenas.
Las asociaciones de consumidores, por el contrario, consideran que las actuales protestas de las operadoras obedecen a una estrategia de márketing y que los ayuntamientos defienden sus derechos al exigir más precauciones respecto a las antenas.
