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Las operadoras de telefonía deberán conservar durante un año los datos de las comunicaciones electrónicas

Registrarán en un libro la identidad de quienes adquieran tarjetas prepago

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: sábado 10 marzo de 2007
Las Fuerzas de Seguridad del Estado podrán rastrear todas las llamadas telefónicas: su origen, destino, duración y hasta las personas que participen en ellas, según un proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Las operadoras de telefonía estarán obligadas a conservar durante un año los datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica, incluida la que se produzca a través Internet. La iniciativa no afecta, aún así, al contenido de las conversaciones. Además -según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega- requerirá "siempre" autorización judicial.

El Gobierno ha dado por fin un paso anunciado por el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, poco tiempo después de asumir su cargo. El hoy titular de Defensa presentó en mayo de 2004 un plan de choque contra el terrorismo en el que se abogaba por este tipo de medidas. El motivo no era otro que el destacado papel que tuvieron los teléfonos móviles en los atentados del 11-M. Los terroristas los utilizaron para activar las bombas que estallaron en los trenes y la policía tuvo serias dificultades para identificar a sus titulares porque todos llevaban tarjetas prepago y no de contrato.

Una vez que el texto sea aprobado por el Parlamento se exigirá a las operadoras que registren en un libro la identidad de quienes adquieran estas tarjetas. La ley les concederá un plazo de tres meses para realizar las adaptaciones técnicas necesarias. Lo que no está determinado, en este caso, es durante cuánto tiempo deberán guardar los datos. Fernández de la Vega subrayó que el "Gobierno es consciente de que debe mantenerse sin merma el derecho a la intimidad". A su juicio, la iniciativa servirá para incrementar la eficacia en la prevención de delitos y la obtención de pruebas judiciales contra bandas terroristas y organizaciones criminales.

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