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¿Es delito copiar CDs o intercambiar música?

La reforma del Código Penal da lugar a muy dispares interpretaciones

Al buen juicio del juez

El primero de octubre de 2004 entró en vigor la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica el Código Penal (
Ley Orgánica 10/1995
, de 23 de noviembre). Esta reforma ha sembrado cierta inquietud entre la comunidad internauta, alarmada ante los titulares de los medios de comunicación que se hacían eco de sus posibles consecuencias, entre los que se podía leer “¿Todos a la cárcel?” o “Miles de internautas españoles al borde la ley”. En el debate surgido tras la entrada en vigor de la nueva legislación sólo queda claro que el texto admite demasiadas lecturas.

Entre otros asuntos, la reforma afecta a la lucha contra la ‘piratería’, ampliando la protección hasta hora reservada a los programas de ordenador a otras expresiones artísticas (libros, música, películas, etc.), introduciendo la persecución de oficio contra estos delitos y aumentando las penas. Los artículos que más
polémica
han generado hacen referencia a la descarga de contenidos protegidos sin permiso del propietario de los derechos y la posesión de herramientas para saltarse la protección anticopia de programas informáticos, CDs o DVDs, delitos para los que se contemplan penas de hasta dos años de prisión. También se penaliza la manipulación de teléfonos móviles o de decodificadores.

Las opiniones sobre el verdadero alcance de esta reforma son dispares, aunque los expertos coinciden en que la ley es vaga y serán los jueces los que deberán interpretarla en cada caso, en detrimento de la seguridad jurídica y de los propios consumidores. Algunas interpretaciones apuntan a que actividades comunes entre los internautas, como el intercambio de música o
la copia de CDs, pueden ser constitutivas de delito.

Mientras que los abogados integrados en asociaciones de defensa de los derechos de autor abrazan una legislación que favorece la persecución de los delitos cometidos en la venta callejera y en las redes P2P (el intercambio de archivos entre particulares, otros profesionales opinan que el legislador ha intentado sin mucho éxito adaptarse a la cambiante sociedad actual. “Se recogen ampliamente todos los casos que nos podemos encontrar ahora y en el futuro, lo que deriva en una inseguridad jurídica que ha sembrado el pánico entre los miles de usuarios de un ordenador”, así lo explica Llanos Manzanares, abogada de Áudea, empresa especializada en protección de datos y gestión de la seguridad de la información.

Óscar Morales, profesor de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aseguraba en El País que los legisladores “están llevando el código en este punto al extremo de que todas las conductas de participación se convierten en autoría y todos los intentos se convierten en consumación, castigando a todos los que intervienen por igual, independientemente de su aportación y del grado del delito”.

Más allá de su aplicación efectiva, algunos expertos apuntan a que la confusión de términos en la nueva ley, así como la alarma generada a través de los medios de comunicación y las campañas antipiratería, sirven de elemento disuasorio contra la generalización del uso de programas de intercambio de archivos como eMule y Kazaa, la compra en el ‘top manta’ o la copia masiva de CDs.

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