La Oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación para determinar si los recargos por combustible y emisión de billete que cobran las compañías aéreas españolas se ajustan a la legislación vigente sobre condiciones generales de contratación. En la actualidad, Iberia, Spanair y Air Europa cobran suplementos de entre 10 y 65 euros por carburante y entre 12 y 96 euros por entregar al cliente el pasaje.
Según la Comisión Europea, el cobro de estos suplementos «entra dentro de la libre fijación de precios» en el marco de la liberalización del sector aéreo. Sin embargo, el Defensor del Pueblo opina que «puede considerarse que se incumplen las cláusulas 22 y 24 de la Ley sobre Condiciones Generales para la Contratación». Por ello, investiga la naturaleza de dichos recargos y «las posibilidades de vigilancia o supervisión que puede ejercer la Administración» para garantizar los derechos de los consumidores.
La Oficina ya ha solicitado información sobre el tema al Instituto Nacional del Consumo (INC) y a la Dirección General de Aviación Civil. En caso de que determine que dicha práctica es contraria a la ley, el Defensor emitirá las «recomendaciones, sugerencias o recordatorios oportunos» a la Administración.
Actualmente, Iberia cobra a sus clientes 10 euros por trayecto en sus rutas domésticas en concepto de recargo por carburante; 23 euros en el caso de las conexiones europeas, y 65 para sus operaciones intercontinentales.
Spanair, por su parte, aplica recargos de 10 euros en las rutas nacionales y de entre 10 y 20 euros en las conexiones europeas, mientras que los suplementos de Air Europa son de nueve euros en las operaciones domésticas y de 56 para las de largo recorrido.
Paralelamente, estas compañías cobran a sus clientes unos recargos por la emisión de los billetes que oscilan entre 12 y 96 euros, según el destino del vuelo, la clase elegida, el tipo de billete (papel o electrónico) y la forma de compra (telefónica, en oficinas o por Internet). Iberia y Spanair aplican además un segundo recargo de 15 euros si el usuario solicita un billete en papel en lugar de su versión «online».
