Son muchos los discapacitados que se quejan de las barreras que todavía persisten en los aeropuertos y aviones españoles y que les impiden desenvolverse por sí mismos. Pero esta situación se agrava en el caso de que ocurra una emergencia, ya que «en los manuales de las compañías existen instrucciones expresas de que la tripulación atienda primero al resto del pasaje y en último caso a los discapacitados», asegura el ingeniero de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) Francisco García Aznárez, encargado, junto a expertos de los aeropuertos y las aerolíneas, de elaborar un reglamento para el Ministerio de Fomento sobre el acceso de personas discapacitadas al transporte aéreo.
De hecho, en el Manual Básico de Operaciones (MBO) de Iberia, por ejemplo, se indica que la evacuación de los discapacitados se llevará a cabo «sin que suponga retraso, o mayor lentitud en la evacuación de los restantes pasajeros». Sin embargo, el director general de Aviación Civil, Ignacio Estaún, interpreta que las normas de seguridad lo que intentan es «velar por que, en caso de una emergencia, la totalidad de los pasajeros puedan ser evacuados sin obstaculizarse los unos a los otros, primando los intereses generales».
La rigidez de la normativa aérea contrasta con la accesibilidad a los aviones que, en opinión de García Aznárez, «no ha avanzado nada en los últimos veinticinco años». Los problemas pueden comenzar desde el mismo momento en que se realiza la reserva y se adquiere el billete. Un informe del Comité Español de Representantes de Personas Discapacitadas (Cermi) revela que, ya en tierra, la falta de formación del personal puede llegar a complicar todo el viaje desde el principio. «Si bien existe un equipo de «chaquetas rojas» que acompaña al pasajero hasta el mismo asiento de la aeronave, el traslado lo hacen muchas veces otras personas, con mínima formación, que no están preparadas para manejar a un discapacitado y lo dejan medio desnudo cuando lo suben al avión», explica Diego Javier González, uno de los autores del estudio.
Si el acceso desde la puerta de embarque hasta el avión se realiza a través de un «finger» o pasarela, el pasajero es trasladado en la denominada «silla-1», «más estrecha que la silla tradicional de ruedas, para que pueda pasar por el pasillo de la aeronave», indica González. Pero la tarea resulta más compleja cuando no se utiliza esta pasarela. En ese caso, una furgoneta con plataforma lleva a la persona discapacitada hasta los pies del avión, y «después es subida a pulso por las escalerillas. Iberia -continúa González- sólo tiene cinco equipos elevadores para realizar esta función, pero no los emplea y, si lo hiciese, son pocos para atender a todos».
Otras de las carencias denunciadas en el mencionado estudio hacen referencia a las reducidas dimensiones de los aseos, «a pesar de que un indicativo señale que está adaptado», y al escaso número de asientos reservados a discapacitados, «la mayoría sin apoyabrazos abatibles». Además, según González, «los pasajeros con reducida movilidad suelen ser situados junto a la ventanilla o en los lugares más alejados de las puertas de emergencia, lo que dificulta su evacuación». Los problemas se multiplican cuando varios discapacitados desean volar en grupo. Normalmente sólo se reserva el 10% del pasaje a las personas discapacitadas, incluyéndose en este cupo a los acompañantes que les ayudan.
Un año de plazo
La Ley de Seguridad Aérea, aprobada el pasado mes de julio, incorporó una disposición adicional por la cual el Gobierno se compromete a regular, en el plazo máximo de un año, los requisitos de las aeronaves y los aeropuertos para garantizar la seguridad y el acceso de los discapacitados.
El principio de no discriminación regirá en la nueva normativa, que intentará unificar las normas ahora vigentes incorporando las reglas y recomendaciones de los organismos internacionales.
Un grupo de expertos, en el que participan representantes del Ministerio de Fomento (a través de Aviación Civil), los aeropuertos (AENA), las compañías aéreas (AECA) y los discapacitados (Cermi), han empezado a trabajar en el desarrollo de esta ley.
