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Recargo por la emisión de billetes de avión

¿Un servicio prestado o una obligación? Las compañías aéreas aducen la primera razón para cobrar por la entrega de un billete al pasajero. Las asociaciones de consumidores se aferran a la obligación de emitir el billete para oponerse a estos pagos.

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  • Fecha de publicación: miércoles 16 febrero de 2005
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Las compañías aéreas cobran entre 14 y 23 euros por el hecho de emitir el billete al pasajero, cantidad que se reduce en unos tres euros aproximadamente si el cliente lo tramita a través de Internet o por procedimientos electrónicos.

La disputa sobre la legalidad o no de esta tarifa ha resurgido con fuerza, hasta el punto de que la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Iberia, Spanair y Air Europa ante el Instituto Nacional de Consumo. En su opinión, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera cláusula abusiva la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que corresponden al profesional.

El billete es el título de transporte que formaliza el contrato entre el cliente y la compañía por lo que la empresa, según FACUA, está obligado a emitirlo. La asociación a animado a los consumidores a pedir la hoja de reclamaciones cada vez que adquieran un billete y tramitarla para tener derecho a la devolución del importe cobrado.

Las compañías, por su parte, se amparan en que la emisión del billete se trata de un servicio y, como tal, tienen derecho a cobrar por su prestación.

Las asociaciones Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y FACUA han llegado a hablar de concertación de precios, ya que las subidas han sido idénticas en las distintas aerolíneas y agencias de viaje. Los acuerdos entre empresas de un sector para fijar precios o tarifas supone una práctica ilegal que atenta contra la libre competencia, fundamento básico del mercado.

FACUA asegura que las empresas se amparan en la lentitud de las instituciones y los servicios de defensa de la competencia para imponer estas tasas sin tener derecho a hacerlo.

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