La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) propuso ayer que se estudie el establecimiento de una nueva clasificación de vivienda protegida para las grandes ciudades que se destine a las rentas intermedias, las más desfavorecidas en la actualidad, ya que no pueden acceder a una vivienda de tipo libre por su elevado coste, ni tampoco a las de protección oficial por superar los límites salariales determinados. En ese sentido, la entidad propone que este nuevo tipo de vivienda sea para rentas de entre 30.000 y 48.000 euros.
Asimismo, APCE pidió que se revise la obligación que existe en algunas comunidades autónomas de destinar el 50% del suelo a vivienda protegida, porque están encareciendo la vivienda libre, ya que parte de los costes inherentes a las casas de protección oficial se está cargando en las viviendas libres del mismo entorno.
También propusieron una reducción de los impuestos que se pagan por la compra de una casa, de manera que sólo graven el coste de su construcción cuando se trate de una vivienda nueva. En el caso de que sea una vivienda usada, solicitan que se paguen impuestos sólo por la plusvalía existente entre el precio del momento en que se compre la casa y el de la transacción anterior. La medida, según APCE, aumentaría las ventas y evitaría muchos de los fraudes fiscales actuales porque se declararía el valor real de la transacción.
Encarecimiento de la vivienda
Por otro lado, durante las jornadas celebradas ayer por esta asociación para proponer soluciones al problema de la vivienda, se indicó que en los últimos 21 años el precio de los pisos en España ha crecido en términos reales un 124%, mientras que la media de los 13 países más desarrollados ha sido de un 19%, es decir, 6,5 veces menos que en nuestro país. Otro de los índices comparativos que se expusieron fue que desde 1987 la vivienda se ha encarecido en España el doble que en el resto de los países de la Unión Europea (UE).
Por su parte, el director general de la Vivienda del Ministerio de Fomento, Fernando Nasarre, aseguró que el esfuerzo familiar para la compra de una casa -teniendo en cuenta los tipos de interés actuales y los largos plazos de las hipotecas- es inferior al 25% de sus ingresos. Nasarre rechazó de plano todos los informes existentes de bancos y de sociedades de tasación que indican que ese porcentaje supera el 40% y, en muchos casos, el 50%.
Nasarre también destacó que el gasto del Estado en materia de vivienda se ha duplicado desde principios de los años 90 hasta ahora, y que en términos de Producto Interior Bruto (PIB) se ha pasado de gastar un 0,62% al 0,85% actual. No obstante, desde APCE se pidió que esa inversión pública se eleve hasta el 2% del PIB, que es la media de los países comunitarios.
