'Bio', el vocablo de la discordia

• Autor: Por JUAN RAMÓN HIDALGO MOYA
• Última actualización: 27 de marzo de 2009

Hasta ahora el fundamento legal era el Reglamento CEE 2092/1991, las diferentes normas de las Comunidades Autónomas reguladoras de la producción ecológica y el Real Decreto 1852/1993. Esta última normativa consideraba que un producto puede llevar indicaciones referentes al método ecológico de producción cuando en el etiquetado, en la publicidad o en los documentos comerciales, el producto o sus ingredientes se identifiquen con el término ecológico. Con carácter supletorio a las indicaciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas, permitía la utilización de otras indicaciones tales como "obtenido sin el empleo de productos químicos de síntesis", "biológico", "orgánico", "biodinámico" y sus respectivos nombres compuestos; así como los vocablos "ECO" y "BIO", acompañados o no del nombre del producto, sus ingredientes o marca comercial.

Marca comercial 'versus' producción ecológica

Las diferentes empresas denunciadas, en su mayoría sector lácteo y bebidas, habían procedido en su día a registrar las marcas de los productos que comercializaban bajo la denominación BIO; y por tanto, a consolidar una realidad legal y social con respecto a esos productos. Así, se trataba de una marca comercial registrada de un determinado producto alimenticio, y no de un producto procedente de la agricultura ecológica.

Los denunciantes por su parte planteaban la cuestión que la utilización de marcas registradas de determinados productos alimenticios con la denominación BIO podría confundir al consumidor en cuanto a la elección de los mismos, ya que podían creer que eran productos biológicos.

A fin de evitar situaciones de indefensión para el consumidor, con posterioridad, las empresas denunciadas tomaron medidas adicionales en cuanto al etiquetado de esos productos, apareciendo la leyenda: "este producto no proviene de la agricultura ecológica" o "producto de gran calidad, no procedente de la agricultura ecológica".

La adaptación española de la normativa europea

La polémica sobre la legalidad de la utilización como marca del término BIO, que sirve para designar un determinado producto alimenticio, ha sido zanjada a favor de las multinacionales y empresas alimenticias que fueron denunciadas el 11 de mayo de este año. Se produjo tras la aprobación del Real Decreto 506/2001, por el que se modificó el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

Desde su entrada en vigor, 27 de mayo de 2001, se considera que un producto lleva indicaciones referentes al método ecológico de producción siempre y cuando el citado producto, sus ingredientes o las materias primas para la alimentación animal se identifiquen en el etiquetado, en la publicidad o en los documentos comerciales, mediante el término "ecológico" o su prefijo "eco". Dichos vocablos podrán ir bien solos o combinados con el nombre del producto, sus ingredientes o la marca comercial.

La modificación es consecuencia de la entrada en vigor el 24 de agosto de 2000 del Reglamento (CE) 1804/1999, que incluye las producciones animales, y completa así el Reglamento (CEE) 2092/91. Dicho Reglamento, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, reserva al idioma español el término ecológico y sus prefijos o diminutivos para el método de producción ecológica y especifica la adaptación del término a la normativa española. El legislador español justifica la necesidad de la modificación para evitar entre los consumidores cualquier duda sobre los términos, sobre todo por el hecho de que en español el término BIO se utiliza para designar productos alimenticios que no están relacionados con el método de producción ecológico.

Además para la identificación de los productos elaborados conforme a las normas de producción ecológica se diseñará un logotipo comunitario que podrá incluirse en las etiquetas. Este hecho supone una compensación del legislador europeo a los productores ecológicos, y que se verifica con la aprobación del Reglamento (CEE) 331/2000 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1999.