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Las OMIC

La instancia pública más inmediata para la defensa de los consumidores está en el Ayuntamiento

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) son el organismo público más próximo a los ciudadanos en materia de consumo. Dependen de sus respectivos ayuntamientos y existen cerca de 800 en España. Además de asesorar a quienes se acercan a su mostrador sobre cuestiones comerciales, se encargan de supervisar y controlar productos, bienes y servicios para comprobar que cumplen la normativa vigente. Ante ciertas infracciones, pueden llegar incluso a decomisar una mercancía. Dentro de sus tareas para ayudar a los usuarios a ejercer sus derechos también se encuentra la de actuar como entidades mediadoras cuando gestionan una reclamación. Sin embargo, no están legitimadas para representar a los ciudadanos ante los tribunales.

Próximas al consumidor

La mayoría de las poblaciones de más de 5.000 habitantes se han ido dotando en España de una oficina municipal de información al consumidor (OMIC), una institución de consumo que nace y se generaliza con vocación de ser la entidad pública más cercana para actuar en defensa de los derechos básicos de los consumidores. Hoy existen en nuestro país unas 800 OMIC, según datos del Instituto Nacional de Consumo (INC).

Las primeras oficinas se crearon en los años 1982-1983. Después, a partir de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU), que ahora cumple 20 años, las OMIC se extendieron rápidamente.

Sus funciones dependen de la dotación presupuestaria con la que cuenten, del número de personas que las atienda y de los medios disponibles. Pero, en general, puede afirmarse que las OMIC son organismos de la Administración local que cumplen las siguientes labores:

  • Orientar a los consumidores mediante la información y el asesoramiento personalizado en cada consulta. Ésta puede hacerse de manera personal, telefónica o por escrito.
  • Analizar la tramitación de denuncias, quejas y reclamaciones a través de:
    • La mediación entre las partes para la resolución de determinadas cuestiones.
    • La Inhibición a favor de la Junta Arbitral de Consumo (órgano municipal cuya finalidad es administrar el Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito territorial del municipio).
    • Educar en materia de consumo mediante campañas de sensibilización y formación.

Mercè Casas Piqué, técnica del Área de Información y Formación de los Consumidores del Institut Català del Consum, comenta que las OMIC también efectúan inspecciones de productos, fomentan las asociaciones de consumidores y usuarios, y ejercen la potestad sancionadora con el alcance que está determinado legalmente. "Algunas incluso realizan análisis de control de mercado", aseguran fuentes del INC, a la vez que indican que, sobre todo, "son ventanillas de acceso al Sistema Arbitral del Consumo (SAC)".

El SAC es un procedimiento voluntario, ágil y gratuito que permite resolver fácilmente los desacuerdos surgidos entre los usuarios y los vendedores o prestadores de servicios. Comercios y empresas se adhieren libremente a este sistema para quedar vinculados a las resoluciones de la Junta sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria. Así, las OMIC en sus labores de inspección de consumo se ocupan de comprobar que los productos, bienes y servicios de uso ordinario (carnes, pescados, frutas, aguas, conservas...) cumplen la legalidad en cuanto a precios, etiquetado, presentación y publicidad. Las sanciones que suceden al levantamiento de un acta por parte de los inspectores pueden incluir la intervención cautelar de la mercancía si consideran que existe un riesgo para la salud pública, por ejemplo.

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