Funcionarios de carrera, también pueden perder su empleo

La comisión de faltas disciplinarias muy graves puede separar de su servicio a un funcionario, aunque son situaciones extremas

Autor: Por ELENA V. IZQUIERDO
Última actualización: 28 de octubre de 2010

- Imagen: Joshua Hoffman -Todos los ojos están puestos en ellos. En medio de la crisis, cuando el número de parados supera los cuatro millones y gran parte de los ciudadanos teme perder su empleo, las miradas se vuelven hacia los funcionarios. La búsqueda de un trabajo seguro se ha convertido en el objetivo de miles de españoles que desean tener un horario reglado, sin horas extras gratuitas, con vacaciones, días de asuntos propios y, en muchos casos, ayudas sanitarias, para el transporte o para el estudio. Más la seguridad de que su trabajo será para siempre. Ahora bien, la comisión de faltas disciplinarias muy graves puede dar al traste con esta carrera de funcionario, aunque no es una situación habitual.

Tipos de empleo público

Se tiende a pensar que el empleo público es fijo, pero no todos los asalariados de la Administración disfrutan de un trabajo para toda la vida. Además del personal laboral -que puede tener un contrato de trabajo fijo, por tiempo indefinido o temporal-, también figura el personal eventual que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones calificadas de confianza o asesoramiento especial. Su contratación y cese son libres, aunque, en todo caso, deben dejar su cargo cuando lo haga la autoridad a quien asesoren.

La temporalidad de los interinos es similar a la del resto de los trabajadores

Entre los funcionarios también cabe distinguir a quienes lo son de carrera y los interinos.

El Estatuto Básico del Empleado Público define a los funcionarios de carrera como quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Para adquirir esta condición, es necesario superar un proceso selectivo, ser nombrados por el órgano o autoridad competente, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y tomar posesión en el plazo establecido.
Muy distinta es la situación de los funcionarios interinos, que se nombran por razones justificadas de necesidad y urgencia para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando hay plazas vacantes que no puedan cubrir estos, para sustituir de manera transitoria a los titulares, para ejecutar programas de carácter temporal o por el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de un año. Su cese es efectivo cuando finaliza la causa que dio lugar a su nombramiento. Es decir, su temporalidad es similar a la del resto de los trabajadores y, en cualquier momento, pueden perder su empleo.

Pérdida de la condición de funcionario de carrera

Las causas por las que un trabajador puede perder su condición de funcionario están legalmente establecidas y se señalan en el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público. Además de la renuncia y la jubilación, figura la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviese carácter firme, la pérdida de la nacionalidad y la sanción disciplinaria de separación del servicio, también de carácter firme.

Cuando la inhabilitación es absoluta, el funcionario pierde su condición respecto a todos los empleos o cargos que tenga, mientras que si es especial, sólo perderá los especificados en la sentencia. Con carácter excepcional y según las circunstancias del delito cometido, si el funcionario inhabilitado lo solicita, los órganos de gobierno de las administraciones públicas pueden concederle la rehabilitación.

También en el supuesto de que el ciudadano pierda la nacionalidad española, o cualquier otra que le dé acceso a su nombramiento, puede pedir la rehabilitación cuando vuelva a adquirirla y se le concederá el reingreso.

FALTAS DISCIPLINARIAS MUY GRAVES

El Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 95 una serie de faltas disciplinarias consideradas muy graves, por las que el funcionario de carrera puede separarse del servicio. Son faltas muy graves:

El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
La publicación o utilización indebida de documentación o información a la que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
La violación de la imparcialidad, mediante las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
La incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
El acoso laboral.
También serán faltas muy graves las tipificadas como tales en ley de las cortes generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.