El control medioambiental de la industria química: proyecto REACH

REACH, a debate

En teoría, el sistema REACH ayudará a la industria a establecer planes a largo plazo y creará nuevos mercados para productos más seguros y más respetuosos con el medio ambiente, lo que reducirá el riesgo de futuras demandas judiciales por casos de responsabilidad industrial. Un aumento de la confianza de los consumidores, los empleados, las comunidades locales y los inversores llevará a un entorno industrial más positivo y a una más fácil introducción de nuevas sustancias en el mercado, lo que impulsará el desarrollo y la innovación. La nueva regulación mejorará la transparencia y la comunicación a lo largo de la cadena de suministro y llevará a un aumento del poder y la confianza de los usuarios intermedios y de las PYMEs.

Ahora bien, REACH ha generado diversas críticas, tanto por parte de la industria como de diversos grupos sociales. Por una parte, a las organizaciones preocupadas por el medio ambiente y la salud humana les gustaría que REACH incluyese la obligación de eliminar por completo las sustancias químicas que tienen tendencia a acumularse en seres humanos, fauna silvestre, flora o el medio ambiente, y aquéllas que interfieren con nuestros sistemas endocrinos o que pueden causar cáncer, y en caso de que no hubiese más remedio que utilizar dichas sustancias, deberían permitirse únicamente de manera temporal. Asimismo, también demandan toda la información disponible para juzgar los riesgos de las sustancias químicas, y una exigencia de que los productos importados a la UE se ciñan a los mismos estándares de seguridad que los fabricados en la propia Unión.

Por otra parte, los responsables del sector consideran que hacen falta modificaciones y un cambio de perspectiva. Juan José Nava, Vicepresidente y Director General de FEIQUE, sugiere que se establezca un sistema viable basado en la evaluación científica de los riesgos, teniendo claro que el riesgo de un producto no depende de sus propiedades intrínsecas, sino del uso que se le dé, de la exposición y, sobre todo, de la dosis. "Sencillamente, que los objetivos medioambientales, sociales y económicos estén equilibrados en beneficio de todos", subraya.

Para satisfacer las demandas de la industria europea, la Comisión Europea y Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) acordaron el lanzamiento, el pasado 9 de julio, de SPORT, siglas en inglés de "Asociación Estratégica para Testar el Sistema REACH". Básicamente, SPORT evaluará, siguiendo el proyecto REACH, un grupo de 15 sustancias químicas, de manera que pueda comprobarse la operatividad del Reglamento. El objetivo principal es redactar un informe final a mediados del 2005, aunque los resultados se irán publicando según estén disponibles.

En este sentido, los responsables del CEFIC quieren dejar claro que no se oponen al establecimiento de REACH, como se puede comprobar al escuchar las declaraciones de su Director General, Alain Perroy: "Apoyamos los objetivos políticos de REACH y desde el comienzo hemos ido realizando propuestas para asegurarnos de que el sistema no sólo dé lugar a mejoras para la salud y el medio ambiente de manera eficaz, sino que su aplicación sea viable para todos los actores involucrados."

¿Y cómo podría mejorarse el proyecto, en opinión del sector industrial? Para Nava, el actual proyecto se ha realizado sobre una base legal sin tener en cuenta criterios científicos fundamentales y entraña importantes lagunas y deficiencias que no benefician ni a consumidores ni a industriales, por lo que podría dañar seriamente la competitividad del sector en toda Europa, compuesto mayoritariamente por PYMES (en España superan el 90% del sector).

Para contextualizar con datos su afirmación, Nava utiliza un estudio de la consultora Mercer, que evaluaba que tan sólo en Francia el REACH podría suponer una pérdida anual del 1,6% del PIB, y del 1,5% de la población activa a lo largo de una década. Estos datos trasladados a España supondrían una pérdida anual del PIB cercana a 11.000 millones de euros y la destrucción de 280.000 empleos en los próximos diez años. "Son evidentemente cifras extrapoladas que deben considerarse con precaución, pero sumamente orientativas de la magnitud del problema si no se corrige la propuesta actual", matiza.