CECU detecta hasta cinco cláusulas abusivas en los contratos de compraventa de vivienda

Sólo un contrato de los analizados por la asociación puede considerarse transparente y equitativo
Por EROSKI Consumer 27 de diciembre de 2006

Cada contrato de compraventa de vivienda contiene una media de 4,74 cláusulas o estipulaciones abusivas, según concluye un estudio de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU). De todos los contratos estudiados, sólo uno puede considerarse transparente y equitativo, afirma CECU.

Las cláusulas abusivas más habituales son: la imposición de los costes de titulación al comprador, la subrogación a una hipoteca, la imprecisión en la fecha de entrega, la posibilidad de que el vendedor pueda hacer cambios en la vivienda, la exoneración de la empresa en caso de vicios en la construcción, la limitación al comprador del derecho a elegir notario, y la carga al consumidor de los gastos del acceso a los suministros generales de la casa (agua, luz).

CECU observa además un desconocimiento por parte de los consumidores de los derechos que les asisten en el momento de firmar esos contratos. «Esta falta de información se pone de manifiesto tanto en cuanto a los derechos concretos que el consumidor puede exigir (aval de las cantidades anticipadas, derecho de elección de notario, derecho de elección de la forma de pago, etc.) como en lo relativo al proceso de compra y a las consecuencias de firmar o no las condiciones que se le proponen», explica.

También es generalizado el desconocimiento del comprador de las vías de reclamación de que dispone, así como de las consecuencias de interponer una queja de cara a la negociación y al cierre de la operación. Por todo ello, CECU considera necesario, además de un mayor control administrativo, una clarificación legislativa que finalice con la dispersión de pronunciamientos judiciales y, en consecuencia, con la incertidumbre del resultado de impugnar una determinada cláusula de la que dependa la reclamación del consumidor. Además, ve prioritaria la realización de campañas informativas que permitan al consumidor acceder de forma rápida y clara a información sobre los derechos que le asisten como comprador de vivienda, así como de las vías de reclamación de que dispone para hacerlos valer.

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