El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana (PRUG) contempla potenciar las visitas controladas y, por contra, regular y acotar los tránsitos, que, según un informe de expertos de la Unesco, pueden poner en peligro su frágil ecosistema. Así restringe de manera considerable el paso de rocieros y pone freno al ganado, reduciendo a la mitad el número de cabezas permitidas. El parque ha tenido desde siempre usos y transeúntes tradicionales que las administraciones han respetado para no convertir Doñana en el enemigo de los pobladores del entorno. El marisqueo de coquinas, la recogida de piñas y la fabricación de carbón son algunas de las actividades permitidas, así como el pastoreo de ganado (caballos, vacas y algunas ovejas), y el paso de romeros camino de la ermita de El Rocío.
En el caso de carboneros y pescadores apenas sobreviven unas cuantas cabañas en la playa y otras en el interior como un elemento pintoresco más de la visita. Lo que ha hecho saltar la voz de alarma es el progresivo aumento de ganado y el trasiego de rocieros. A ambos les puso serias objeciones la Unesco.
El movimiento de 4.000 cabezas de ganado y una punta de 500 ovejas era demasiada carga para el delicado ecosistema vegetal de Doñana, que apenas da para alimentar a sus múltiples especies. El director conservador del parque nacional, Alberto Ruiz de Larramendi, elogia el consenso alcanzado con los ganaderos y asegura que para el 31 de diciembre se cumplirá el objetivo marcado con ellos. No habrá más de 2.515 cabezas de ganado.
No más de 250 personas por día ha sido hasta ahora el tope máximo de visitantes impuesto por el PRUG de 1991. Las nuevas visitas tendrán otros itinerarios que podrán recorrerse no sólo en todoterreno y en barco, sino también a caballo, en coches de caballos e incluso en bicicleta.
Los primeros en no estar conformes son los ecologistas. «Lo que se ve en el parque nacional se puede ver en el parque natural del entorno, tiene el mismo ecosistema», sugiere Juan Romero, representante de Ecologistas en Acción en el Patronato, para quien el aumento de concesiones supone más personas y un riesgo innecesario de impacto en la zona.
Para Larramendi, el objetivo del nuevo uso público es atender la demanda de visitantes que acuden a Doñana y hacer que la conozcan y «se vayan impregnados de sentimiento conservacionista». Todos los componentes del Patronato, incluidos los ecologistas, son conscientes de la guerra que se abriría con las hermandades si se prohibiera el paso de rocieros por el parque, una tradición de honda raigambre en Andalucía. El nuevo plan, explica Ruiz Larramendi, establece unas reglas de juego claras: menos fines de semana y menos vehículos. La disminución se hará gradualmente, pero quedará concretada a cinco o seis fechas. Las hermandades critican la medida y desean negociar y que se atiendan sus criterios. Los ecologistas defienden que el tránsito se ajuste sólo a las fechas tradicionales. El alcalde de Almonte, Francisco Bella, admite que «no puede haber nada que sirva de excusa para dañar al parque», pero pide el consenso con las hermandades, comandada éstas por la matriz de Almonte.
La última palabra de todos estos cambios la tendrá el Patronato y el Gobierno andaluz, que habrán de refrendar y dar el último visto bueno al nuevo PGRU
