La Fiscalía de Lleida desarrolla una investigación sobre el supuesto engorde ilegal de 20 millones de pollos en las granjas de Cataluña y Aragón que suministran a la Corporación Alimentaria de Guissona. Esta operación, que están llevando a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Aragón y los Mossos d’Esquadra en Cataluña, se abrió a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de septiembre en el juzgado de Tremp contra el responsable de una explotación ganadera en la localidad leridana de Pallars Jussà, tras decretarse que había enviado a sacrificar pollos cuya carne presentaba residuos de antibióticos.
La Fiscalía intenta averiguar si esta supuesta práctica ilegal es generalizada en todas las granjas de pollos de Cataluña y Aragón que abastecen a la Corporación Guissona. El fármaco detectado en las aves sacrificadas era salimocina sódica, una sustancia legal que se administra a los pollos, pero que está prohibido añadirla al pienso en los últimos 30 días de vida del animal para evitar que el antibiótico llegue a la cadena alimentaria.
Pese a la investigación de la Fiscalía, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña, Antoni Siurana, aseguró ayer no tener «ninguna duda ni recelo» acerca del sistema de engorde de pollos utilizado por la Corporación Alimentaria de Guissona, al tiempo que garantizó la «calidad alimentaria a través de inspecciones rigurosas».
Siurana descartó «la posibilidad de un engorde ilegal, ya que hay inspecciones rigurosas llevadas a cabo por el departamento de Agricultura que garantizan la calidad de los alimentos».
Controles negativos
Por su parte, la Corporación Alimentaria de Guissona explicó ayer en un comunicado que todos los controles llevados a cabo en las explotaciones avícolas de sus socios criadores, tanto oficiales como privados, «han dado negativo» y no se ha encontrado «ningún residuo anormal» en las aves sacrificadas.
La empresa recuerda que las instrucciones que da a todos sus socios criadores es «el estricto cumplimiento de la normativa vigente, con los piensos adecuados para cada etapa de su crianza y hasta el sacrificio de las aves».
La Fiscalía de Lleida continúa por el momento a la espera de los informes que están elaborando los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil.
