Los casos de intoxicación por consumo de pollo con salmonelosis siguen aumentando. Las comunidades cifran ya en 2.475 las personas afectadas. La Comunidad Valenciana llegó ayer a 570, seguida de Andalucía, con 379.
El secretario general del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Lamata, insistió ayer en que la contaminación del pollo de la empresa SADA no tiene «características de gravedad, sino todo lo contrario».
Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Juan José Badiola, dijo que el peor efecto de la «alarma» por consumo de pollo asado con salmonella es que ha creado «desconfianza» en los sistemas de seguridad alimentaria.
Mensajes «autocomplacientes»
Por otro lado, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha criticado los mensajes «autocomplacientes que se están trasladando desde diversas administraciones públicas» con relación a las medidas tomadas durante el brote.
La crisis «debería servir para que los responsables políticos de las administraciones sanitarias valorasen la imperiosa y urgente necesidad de mejorar los controles alimentarios», ha dicho FACUA, que considera que resulta «una falta de responsabilidad con los consumidores que se minusvaloren las graves carencias en los controles alimentarios que han sido destapadas».
En su opinión, es «irresponsable reducir los motivos de la contaminación por salmonella a un fallo en los controles de la factoría, ya que si dicho error es obvio, más lo es que las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar la salud pública desarrollando auténticas acciones de control del mercado».
En este sentido, ha advertido de que «se debe aumentar el cuerpo de inspectores de consumo y salud para garantizar más controles en el mercado, y que ante situaciones de alertas alimentarias puedan actuar con rapidez y eficacia».
