La Fiscalía Anticorrupción entiende que los supuestos pactos de precios entre Repsol YPF y Cepsa presentan rasgos que «elevan su gravedad hasta alcanzar relevancia penal», por lo que ha decidido imputar a cinco directivos de ambas empresas en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional tras la presentación de varias querellas por parte de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes.
El documento de la Fiscalía incluye la declaración como imputados de los directivos que adoptan decisiones respecto a precios en ambas empresas. Así, por parte de Repsol YPF se cita al vicepresidente ejecutivo de Refino y Márketing, Juan Sancho Rof, y a su adjunto, Jorge Segrelles, también presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Por parte de Cepsa, la Fiscalía imputa al responsable de estaciones de servicio, Luis Suárez-Pumariega; a su antecesor en el cargo, Salvador Font, y al consejero delegado de este área, Francisco Calderón.
Anticorrupción ve «evidente» el control de mercado y la eliminación de la competencia llevada a cabo por los dos principales operadores, con unas prácticas que «presentan los rasgos propios de una concertación o acuerdo sobre precios que conduce a un dominio oligopolístico incompatible con los presupuestos de una libre concurrencia».
Engaño sobre precios
La Fiscalía indica que Repsol y Cepsa mantienen una ocultación «sistemática y grave» a los consumidores, con el correspondiente «engaño» sobre las circunstancias en que se generan los precios de los carburantes que, a juicio de la Fiscalía, son el resultado de «una concertación oculta y abusiva que garantiza aún más el ya evidente dominio del mercado».
Además, señala que la coincidencia de precios no puede ampararse en datos objetivos, como la evolución de las cotizaciones internacionales o el valor del dólar, ya que hay datos que manifiestan que los precios han oscilado de forma distinta a las cotizaciones.
Anticorrupción considera que Repsol y Cepsa mantienen un «fortísimo» control del mercado y restringen la libre competencia, impidiendo que los precios se formen libremente. «El precio de los carburantes está sustraído a la influencia muy beneficiosa que podría representar la participación de los operadores independientes y de las estaciones de servicio», añade.
A su vez, indica que los operadores mantienen «un riguroso control» sobre el proceso de formación de los precios que anuncian posteriormente los gasolineros en los surtidores. Por ello, considera que el comportamiento de las dos grandes petroleras es «desviado y falaz», al limitar la libertad de los propietarios de estaciones para fijar precios.
Afirma que los operadores imponen a los gasolineros un régimen jurídico «que les impide participar en el libre proceso de fijación de precios al público de los carburantes», y convierte a las gasolineras en «una prolongación de las grandes petroleras».
También hace hincapié en que los operadores independientes no pueden competir por la falta de instalaciones logísticas propias. «El dominio por Repsol y Cepsa de una gran parte de las instalaciones al por menor frena la efectividad de la competencia al constituir una barrera a la entrada en el mercado de nuevos agentes».
