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El Gobierno busca un pacto del suelo con las autonomías para abaratar la vivienda

Las claves para el consenso son ofrecer más suelo y promover las viviendas protegidas

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: domingo 19 enero de 2003
El Gobierno no ha logrado reunir todavía los apoyos necesarios para alcanzar un pacto de Estado sobre el suelo, a pesar de los esfuerzos del ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, para suscribir un acuerdo en la reunión que la comisión sectorial de vivienda celebrará el próximo miércoles. Las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, además del País Vasco y Cataluña, acuden a la reunión con pocas esperanzas de alcanzar un acuerdo. Las claves para alcanzar el consenso deseado pasan por ofertar más suelo y promover la vivienda protegida, mientras se busca un equilibrio casi utópico entre liberalización e intervención pública.

Hasta el momento, un mes después de la primera cumbre de responsables nacionales y autonómicos de vivienda celebrada en Madrid, el acuerdo se antoja bastante complicado ante las posturas encontradas que el Ejecutivo y el primer partido de la oposición, elemento fundamental para cualquier compromiso de carácter estatal, mantienen en aspectos importantes. El primero de ellos es la liberalización del mercado, objetivo prioritario de la Ley del Suelo aprobada en 1998, a la que las comunidades socialistas se oponen casi frontalmente con la demanda de una "potente" actuación pública a través de las administraciones locales y regionales.

Para los socialistas, que califican de "rotundo fracaso" la estrategia gubernamental de dejar el funcionamiento del mercado en manos de la iniciativa privada -que vinculan con la subida del precio del suelo en un 120% desde 1998, principal factor junto a la especulación del incremento del coste de la vivienda en un 68% desde entonces-, es necesario "poner alguna puerta al campo". Esa limitación pasaría, para comunidades como la andaluza, por establecer varias categorías en las que se prohíba urbanizar un terreno, frente a la normativa general hasta ahora vigente (Fomento también la quiere variar) que permite poblar cualquier espacio que no esté protegido por razones medioambientales y ecológicas.

Otra de las "soluciones" que proponen las autonomías discrepantes pasaría por establecer un mercado de suelo "paralelo", que estaría controlado por las administraciones y se dedicaría a los pisos protegidos, tanto nuevos como de alquiler. La idea es del director general de Vivienda del Gobierno Vasco, Iñigo Maguregi, quien considera que es la manera "más factible" de ofrecer casas "con unos precios nada altos y proporcionales a los niveles de ingresos más extendidos entre la sociedad". En esa misma línea, propone dar ayudas específicas a los promotores que compren terrenos para dedicarlos a la construcción de viviendas sociales, una actividad que apenas representa un 6% de la oferta anual de nueva edificación.

Fomentar los alquileres, ayudar a la rehabilitación de las viviendas antiguas, impulsar la salida al mercado de las casas desocupadas (un 15% del total) y revisar el catastro son otras de las máximas que comparten los Ejecutivos vascos y catalán con los consejeros de Obras Públicas socialistas. El director general de Arquitectura de la Generalitat, Damiá Calvet, también tiene su replica para la propuesta de Fomento. En su opinión, "es necesario forzar más cesiones de suelo para las Administraciones Públicas, en espacios limitados y por tiempo restringido, y con la prohibición expresa de subastarlo".

La meta de casi todas las propuestas conocidas sería fomentar la construcción de más pisos subvencionados y de precio tasado. En este aspecto, las regiones gobernadas por el PSOE, que la próxima semana presentará su propia proposición de Ley del Suelo, son aún más ambiciosas, ya que pretenden que se "obligue" a todas las administraciones a destinar "de forma prioritaria" al mercado de viviendas de protección oficial (VPO) los 60 millones de metros cuadrados de suelo en manos públicas que, según sus datos, existen en España.

Las diferencias no son tan grandes como parece y el acuerdo se antoja probable en puntos como la oferta de más espacio edificable, el aumento considerable en la construcción de VPO, la concesión de más ayudas fiscales, la estimulación de los alquileres o el "perfeccionamiento" de los métodos de valoración del suelo, todos incluidos en el texto elaborado por Fomento.

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