Miles de trabajadores vascos mayores de 52 años que han perdido su trabajo desde 2002 por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) dejarán de percibir el subsidio de paro, 75% del salario mínimo situado en 570,6 euros al mes, tras una reciente reinterpretación en la comunidad autónoma del decreto de 2002 que introdujo cambios en la percepción de esta prestación y que fue denominado peyorativamente como «el decretazo».
La situación es aún más alarmante para una parte de los beneficiarios: varios cientos ya han sido requeridos por el Inem para devolver las cantidades cobradas en concepto de subsidio desde hace más de un año, y que oscilan entre 5.000 y 10.000 euros por persona.
La prejubilación a los 52 años, o incluso antes, ha sido una herramienta de primera magnitud para la reconversión de las empresas en las últimas décadas. Las compañías han negociado con los sindicatos el retiro anticipado de miles de trabajadores a cambio de una indemnización y de un convenio especial con la Seguridad Social que garantizaba el cobro de una pensión adecuada cuando accedieran a la jubilación.
En estos pactos juegan un papel importante a la hora de garantizar los ingresos de los trabajadores, las prestaciones de desempleo en sus dos modalidades: la contributiva (24 meses) y el subsidio, ahora en cuestión, que cobran todos los mayores de 52 años con rentas no superiores al 75% del salario mínimo. Estas prestaciones van, además, acompañadas de la cotización correspondiente a la Seguridad Social.
