Correos ha actualizado el precio de los sellos para el envío nacional de cartas y tarjetas postales de hasta 20 gramos de peso, que pasa de 0,35 euros en 2011 a 0,36 euros. El incremento representa un aumento del 2,86% de la tarifa, lo que supone un encarecimiento superior al de la inflación, que se situó en el 2,4%. El operador postal público también elevó un céntimo el precio de este servicio el año anterior.
El encarecimiento representa la menor subida porcentual de los últimos cinco años, puesto que en 2008 y 2009 la subida fue del 3,22% y del 3,33%, respectivamente. En 2010, la actualización de la tarifa supuso una subida del 6,25% y el año pasado el incremento alcanzó el 2,94%.
Por otro lado, el operador postal ha comunicado que el resto de productos incluidos en el servicio postal universal se encarecen un 2,97%, lo que supone que el incremento medio del conjunto de todos los servicios es del 2,85% para 2012. Pese a estas subidas, Correos ha explicado que el precio de las tarifas postales en España es de los más económicos en Europa, con una diferencia de diez céntimos respecto al coste medio de los países de la UE (Unión Europea), que alcanza los 0,46 euros.
La compañía afirma que el encarecimiento de los servicios se ha realizado para poder mantener el nivel de ingresos y adecuarse de forma progresiva a los costes reales de las prestaciones. Correos considera que la actualización de las tarifas garantizará una mayor calidad y eficiencia del servicio postal universal en España.
Además, ha explicado que el incremento se ha realizado según el procedimiento establecido en la nueva Ley Postal, que introdujo en la legislación española la total liberalización del sector postal establecida en la UE y que entró en vigor hace justo un año. Según lo dispuesto en esta normativa, el operador designado por el Estado para prestar el servicio público universal deberá comunicar cualquier incremento de tarifas con una antelación mínima de tres meses a la Comisión Nacional del Sector Postal. Este organismo regulador deberá velar por la adecuación de los precios, su transparencia y no discriminación, y asegurarse de que la actualización de las tarifas se realice en función de los costes reales de los servicios.
