El Código de Buena Conducta del sector bancario europeo de 1990 sobre tarjetas de crédito establece que el titular sólo responde hasta 150 euros en caso de utilización fraudulenta, recuerda la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), que advierte de que algunos bancos y cajas de ahorros incluyen cláusulas que son «abusivas e ilegales», ya que limitan su responsabilidad en perjuicio del usuario.
Recientemente, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al Santander Central Hispano (SCH) a devolver 3.365,92 euros a un cliente de una tarjeta 4B. Este dinero se cargó en la cuenta bancaria tras ser sustraída la tarjeta, responsabilidad de la que se eximió el banco ya que en el clausulado incluía que el titular de la tarjeta es responsable de la cantidad sustraída «en todos los casos que se use el número secreto (PIN) salvo que se demuestre, en estos casos, que se vio obligado a revelarlo bajo coacción». La sentencia de la Audiencia consideró esta cláusula abusiva porque cargaba al cliente las situaciones en las que «personas desaprensivas» pueden conocer ese número, mediante ardid, engaño o fraude.
Según Ausbanc, esta condición, que también aparece en los contratos de otras entidades, no se recoge en la normativa del sector, donde no se hace ninguna distinción entre disposiciones fraudulentas realizadas mediante PIN o sin él. Con relación a este número secreto, basta que el titular cumpla una serie de obligaciones para considerarse diligente y sólo de incumplirlas asume toda la responsabilidad. Esta asociación recomienda no anotar el PIN o cualquier otro código en la propia cartera o monedero y, en caso de pérdida, informar a la Policía en menos de 24 horas.
Si se cumplen estos requisitos, el titular asume hasta 150 euros y el resto la entidad, si no actuó de forma fraudulenta o con negligencia. Desde Ausbanc critican que muchas entidades ofrecen en el contrato un «seguro gratuito» para cubrir las cantidades sustraídas que superen los 150 euros, cuando en realidad es su obligación legal.
En caso de uso fraudulento, la forma más fácil de recuperar el dinero es pedir los «tickets» de compra para demostrar que la firma no coincide con la que aparece en el contrato de tarjeta. De esta forma se solicitaría la retrocesión del cargo y la entidad financiera lo pasaría al comercio. No obstante, Ausbanc dice que algunos bancos ponen trabas cuando se trata de sumas elevadas.
También hay que tener en cuenta el límite de disposición de la tarjeta, ya que los estafadores suelen agotar el máximo diario de disponibilidad. En este sentido, la asociación de usuarios explica que en las tarjetas de débito el límite puede llegar a los 1.500 euros y en el de las de crédito oscila entre 300 y 12.000 euros, «aunque las entidades pueden incrementarlo unilateralmente, algo que no pueden hacer sin negociar o notificarlo al cliente», precisa.
De incumplirse estas condiciones, se recomienda presentar una carta ante el director de la sucursal, negando la aplicación de la cláusula por ser abusiva o interponer una demanda ante los tribunales para pedir la nulidad, como ocurrió en Sevilla.
