El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha multado con 57 millones de euros a Telefónica de España por entorpecer la liberalización del sector de las telecomunicaciones, al poner trabas al proceso de preselección de llamadas. Esta multa es la décima y la más severa impuesta nunca a Telefónica, y tiene como origen una denuncia de la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL) interpuesta en diciembre de 2000.
La preselección permite que un cliente de Telefónica -que paga periódicamente la cuota de abono mensual al antiguo monopolio- pueda llamar desde su teléfono fijo a través de otras operadoras sin tener que marcar un prefijo previo. De esta forma, las nuevas operadoras pueden hacerse con nuevos clientes, por lo que se considera un instrumento fundamental para potenciar el incremento de la competencia en la telefonía fija, donde Telefónica controla la mayoría del mercado.
El fallo del Tribunal señala que la conducta de Telefónica fue «abusiva» y que la operadora «no estuvo a la altura de la especial responsabilidad que incumbe a quien ostenta una posición dominante, al reaccionar de forma desleal y desproporcionada».
La sentencia ordena a la operadora dominante realizar un mailing dirigido «a todas las empresas a las que ha enviado cartas-tipo con contenido anticompetitivo», indicando que la preasignación de operador no supone ninguna implicación negativa en términos de calidad de servicio telefónico básico, mantenimiento de la línea o recepción o precio de los servicios suplementarios.
Telefónica ha calificado la sanción de «desproporcionada» y ha anunciado su intención de recurrirla. Asimismo, ha recordado que España es el país europeo en el que existe mayor preselección y que denuncias similares a ésta ya fueron archivadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
